La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara Gª Espada, ha valorado uno de los asuntos abordados este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad, la tramitación para llevar a cabo una modificación del decreto 152/2006, que supone la supresión de la obligación en régimen de dedicación exclusiva para las Jefaturas de Servicio y de Sección de carácter asistencial en atención hospitalaria del Servicio Extremeño de Salud (SES) y puedan compatibilizar su trabajo en la sanidad privada.
Ello supone «un tema capital para nosotros», ha señalado la consejera, ya que va a implicar que Extremadura «deje de ser una isla de exclusividad» para los médicos del Sistema Sanitario público que optan a una plaza de jefe de sección o de servicio en el SES.
Gª Espada ha apuntado que «venimos trabajando desde hace tiempo» en esta medida, «es una demanda del sector desde nuestra llegada» y en la Administración «consideramos que la eliminación de este requisito de exclusividad es una medida de justicia» por varias razones, ha agregado.
Entre ellas ha considerado el «respeto al principio de libertad profesional» y que cada trabajador sanitario decida libremente cómo desea encauzar su carrera, sin verse condicionado por una obligación que restrinja su desarrollo profesional.
Además, a su juicio, esta medida ayudará a fidelizar el talento en el sistema de salud, permitirá evitar la marcha de profesionales cualificados hacia otros servicios en los que no existe este requisito y facilitará también la incorporación de nuevos profesionales procedentes de otros ámbitos territoriales.
Con esta modificación, ha manifestado, «vamos a converger con el resto del país, vamos a eliminar esta isla de exclusividad que mantiene la región desde el año 2006», puesto que, a día de hoy, ha recordado, Navarra y Extremadura son «las únicas» que mantienen este condicionante.
Así, con la negociación iniciada hoy en la Mesa Sectorial, se pone en marcha el procedimiento que finalizará con la modificación del Decreto 152/2006, siguiendo los cauces establecidos por la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.