La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha iniciado el procedimiento que permite revisar en los próximos meses la programación académica del sistema universitario de Andalucía mediante un trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y los rectores de las distintas instituciones académicas que culminará finalmente con dicha actualización a finales de 2025.
De acuerdo con lo estipulado por el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía -la normativa que lo regula- la nueva oferta de grados, másteres y doctorados se planifica cada cuatro años, con posibilidad de ajustar su contenido y objetivos cada dos. La programación actual fue aprobada en marzo de 2024 para aplicarse a partir del curso 2025/2026 con una vigencia que termina en el año académico 2028/2029, por lo que en el próximo ejercicio se producirá la primera revisión. En la actualidad, la Consejería y las instituciones académicas se encuentran inmersos en pleno proceso de verificación de las formaciones universitarias vinculadas a los primeros cursos.
La Consejería de Universidad ha dado ya el primer paso del procedimiento de revisión abriendo el plazo por un periodo de dos meses hasta el 30 de junio para que las instituciones académicas andaluzas, tanto públicas como privadas, formulen sus propuestas de cambio para los dos años que restan. Las modificaciones que se planteen podrán referirse a dos grandes aspectos atendiendo a las sugerencias del sistema universitario. Por un lado, a los objetivos generales de la programación universitaria, a nuevas necesidades o a prioridades, es decir, a los objetivos, y por otro, al contenido de los planes de estudios de las titulaciones para adaptarlos a los cambios que se hayan podido producir durante los dos primeros años. Con carácter general, esta revisión deberá permitir adaptar la oferta universitaria a nuevas tendencias académicas, demandas laborales y avances en investigación, fortaleciendo así la competitividad del sistema universitario andaluz en el ámbito nacional y en la esfera internacional.
Las propuestas formuladas por los rectores podrán contener los siguientes puntos: la modificación de la denominación de títulos no verificados aún o que no hayan iniciado ese procedimiento, siempre que se mantenga la identidad sustancial; la variación del curso académico previsto de implantación; o la supresión de titulaciones de la parte de la programación universitaria aún no verificada o en proceso de ello.
De igual modo, podrán incorporar nuevas enseñanzas. En el caso de que sea una, ésta se sumará sin alteración alguna en lo ya existente. En cambio, si se desea incorporar más de una titulación, las universidades estarán obligadas a realizar ajustes, estipulándose que por cada título que se incluya se tendrá que suprimir otro, ya sea de los que todavía no se han impartido o de los ya contemplados en su catálogo de grados, másteres y doctorados.
En cualquier caso, esa incorporación quedará limitada por cada universidad a un 10% del total de las enseñanzas contempladas en la programación académica 2025/2028 que no cuenten con informe favorable previo a la verificación o que no tengan una solicitud en trámite para ello.
Cuando la institución académica no disponga de autorización para iniciar la actividad, ésta podrá sumar nuevas titulaciones hasta un máximo del 10% de las formaciones universitarias reflejadas en su ley de reconocimiento. Las propuestas formuladas por los rectores tendrán que contener los nuevos títulos con la correspondiente previsión temporal.
Las aportaciones de las instituciones académicas tendrán que presentarse a través del registro electrónico único de la Junta: https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/registro-electronico.html.
Requisitos para incorporar nuevas titulaciones
Una vez recibidas las aportaciones del sistema universitario, la Consejería de Universidad será la responsable de respaldarlo teniendo en cuenta los mismos criterios usados para la aprobación de la programación académica 2025/2028 y contenidos en el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias de Andalucía. Se tomará en consideración la estructura socioeconómica del territorio y su tejido productivo, así como las potencialidades y necesidades de su mercado laboral. También se exigirá a las universidades que demuestren mediante estudios o referentes externos la demanda real de esas titulaciones tanto por parte de la sociedad andaluza como del estudiantado.
Se solicitará, igualmente, la complementariedad y el equilibrio territorial para garantizar su sostenibilidad y evitar duplicidades y carencias significativas, así como la atención a las zonas en riesgo de despoblación. De igual modo, se tendrán que atender otros criterios como la optimización de recursos públicos, la modernización y actualización de la programación, además de la internacionalización, el impulso de las enseñanzas interuniversitarias y la apuesta por la formación dual.
Tras la ratificación del documento, la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de los nuevos títulos que se sumen. En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de tomar la última decisión teniendo en cuenta los informes de evaluación de los planes de estudio emitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA).
Una programación de 188 títulos para el sistema público
La planificación académica 2025/2028 contempla 188 enseñanzas para las diez universidades públicas. De ese conjunto, 40 son grados, 126 son másteres y 22 son doctorados. Todas esas enseñanzas se reparten casi al 50% entre las ramas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de Ciencias Sociales y de Salud, 37 de ellas tienen carácter interuniversitario y 23 son duales. Esta nueva oferta universitaria viene a reforzar la educación superior en sectores estratégicos de la comunidad, a alcanzar el mayor grado de eficiencia reordenando el uso de los recursos y del capital humano de las instituciones académicas y a asegurar el compromiso con los territorios de la región y su sostenibilidad a nivel económico, cultural y social.
Con esta planificación, Andalucía cuenta con una programación universitaria actualizada tras 14 años con una oferta congelada, lo que ha comprometido la competitividad de las instituciones académicas impidiendo responder a las necesidades actuales del mercado laboral y de los avances tecnológicos.