La Junta incluye a Baena en el Plan de Infraestructuras Judiciales gracias a la colaboración público-pública

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado hoy en el Pleno del Parlamento que el municipio cordobés de Baena se ha incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30, gracias al “diálogo” que ha posibilitado la firma de un protocolo firmado el pasado día 10 con el Ayuntamiento. De esta forma, y gracias a la innovadora fórmula de la colaboración público-pública entre dos administraciones, en este caso de distinto signo, los vecinos de Baena y del resto del partido judicial podrán contar con un nuevo edificio judicial.Esa es la manera en que trabajamos, con diálogo sea quien sea el interlocutor. Algunos se mofan, pero los ciudadanos lo perciben y lo valoran”, ha defendido.

El acuerdo prevé que el Ayuntamiento construya un edificio que cederá a la Junta a cambio de los actuales juzgados que el Consistorio destinará a las instalaciones de la Policía Local. Nieto ha puesto en puesto en valor la colaboración entre administraciones de distinto signo político anteponiendo el interés general de los vecinos no solo de Baena sino también de Luque y Valenzuela, que forman parte del mismo partido judicial.

Durante una visita del consejero a la localidad en marzo de 2024 la alcaldesa, María Jesús Serrano, le trasladó el interés del Ayuntamiento por la actual sede judicial para dotar a la Policía Local de mejores instalaciones sin tener que alejarse del centro, donde se ubica la Casa Consistorial. Nieto ha alabado a la alcaldesa por buscar una solución por encima de las diferencias ideológicas en beneficio de los vecinos, al proponer que a cambio el Ayuntamiento se encargara de construir un nuevo edificio para los juzgados.

“Hemos estado un año trabajando con la Dirección General de Patrimonio para que fuera posible esa permuta y hemos conseguido llevarla a buen puerto y resolver un problema real de los vecinos”, ha subrayado.

El pasado día 10, el consejero y la alcaldesa firmaron el protocolo de colaboración según el cual el Ayuntamiento construirá la nueva sede judicial en dos parcelas de titularidad municipal, en la céntrica calle Mesones, ya adaptada a la estructura prevista en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Para la Junta supone un ahorro, ya que en la actual sede de la calle Juan Ocaña tendría que acometer obras para adecuarla a dicha ley mientras que el Consistorio también resulta beneficiado ya que necesitaba unas nuevas instalaciones de la Policía Local y, gracias a este protocolo, tendrá las dependencias en el lugar que quiere justo en frente del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Baena ya está impulsando los trámites necesarios para construir el nuevo edificio en las dos parcelas de la calle Mesones, que suman en total 736 m² y están clasificadas como suelo urbano.

La altura máxima en la zona es de dos plantas, suficiente para albergar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, las dependencias de la Fiscalía Provincial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Decanato, el Registro Civil así como dotar a las instalaciones de sala de espera para víctimas y salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas. Además, el proyecto garantizará la plena accesibilidad del edificio.

Con este protocolo ya son una docena los proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 que se acometerán por colaboración público-pública entre la Junta y ayuntamientos o diputaciones, una de las fórmulas previstas junto a la colaboración público-privada, el uso de fondos europeos y la autofinanciación para cumplir el objetivo de actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía. “El Plan de Infraestructura Judiciales es una hoja de ruta y nuestro compromiso”, ha detallado.

En la provincia de Córdoba se ha construido la nueva sede de Lucena, inaugurada el pasado septiembre; se está reformando la de Aguilar de la Frontera; próximamente comenzarán las obras en la de Montilla y la Consejería ultima el proyecto para resolver los problemas de climatización de la sede de Pozoblanco, reordenación de espacios en Posadas y actuaciones de eficiencia energética en el resto de los partidos judiciales de la provincia.