La Junta impulsará las «denominaciones de origen» de productos artesanales e industriales

El Consejo de Gobierno ha sido informado de las de las actuaciones previstas por la Consejería de Industria, Energía y Minas para impulsar en Andalucía las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Esta iniciativa responde a la normativa europea que amplía la protección de las indicaciones geográficas que tradicionalmente se han establecido en el ámbito de la UE para vinos y bebidas espirituosas, así como para los productos agrícolas y alimenticios; no obstante, Europa considera la conveniencia de extender el sistema de protección a una amplia variedad de productos artesanales e industriales como la piedra natural, obras de carpintería, joyería, textiles, encaje, cubertería, vidrio, porcelana, cuero y piel, muchos de los cuales cuentan con una notable presencia y tradición en Andalucía.

La Consejería de Industria, Energía y Minas es consciente de que para implementar este sistema de protección en el seno de la comunidad, atraer a los potenciales destinatarios y beneficiarios y obtener los mayores beneficios del sistema que redunden en el crecimiento y la consolidación de nuestra industria, así como en la puesta en valor de los productos artesanales e industriales que cuentan con un gran arraigo en el territorio de donde proceden, es necesario adoptar medidas de visibilización, divulgación y promoción, ya sea mediante la utilización de instrumentos ya existentes como la Red Ciudades Industriales de Andalucía, o la realización de actuaciones organizadas ad hoc.

En este sentido, prevé realizar una convocatoria de manifestaciones de interés con el fin de identificar a las agrupaciones de productores o, en su caso, los productores únicos interesados en la consecución de una Indicación Geográfica, todo ello con el objetivo de iniciar un entorno de colaboración dirigido a potenciar los beneficios asociados.

Se contempla, asimismo, el desarrollo de actuaciones de promoción de la mano de las entidades locales concernidas a través de la Red Ciudades Industriales de Andalucía, un instrumento de colaboración entre el Gobierno andaluz y los ayuntamientos en coordinación con la FAMP, dada la fuerte vinculación de los productos artesanales e industriales con una zona geográfica específica y con municipios concretos.

Igualmente está prevista la convocatoria de una mesa de trabajo que tendrá por objeto el diseño de la campaña de promoción de los productos andaluces candidatos a las indicaciones geográficas, favoreciendo la participación de los agentes implicados. Una medida que se incardinará en el Pacto Social y Económico por impulso de Andalucía, firmado por los agentes sociales y económicos más representativos el 13 de marzo de 2023, y en concreto emana de la medida 2.3.5. «Medidas para un nuevo impulso a las políticas industriales, mineras y energéticas».

Proveer servicios de asistencia a las agrupaciones de productores o productores únicos interesados en los procedimientos administrativos que tengan por objeto las indicaciones geográficas, tales como asesoramiento o el intercambio de documentos, contactos e información, es otra de las medidas previstas por la Consejería.

Este respaldo irá acompañado de tareas de divulgación y difusión con un apartado específico de información que incluya normativa, servicios, funciones y datos de contacto del centro directivo que gestionará las correspondientes competencias, así como la difusión de las actividades de interés que se organicen, incluyendo las jornadas o encuentros especializados que faciliten el intercambio de experiencias entre las agrupaciones de productores andaluces y otros interesados a nivel nacional o europeo.

Contexto

El Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y 2019/1753, viene a establecer en el ámbito de la Unión Europea un nuevo sistema de protección de las indicaciones geográficas para productos industriales y artesanales.

Tal y como establece el referido Reglamento, la introducción de este sistema resultará beneficiosa para los consumidores, al mejorar la concienciación en relación con la autenticidad de los productos. También ejercerá un efecto económico positivo en las microempresas y las pymes, al reforzar la competitividad, repercutiendo de manera positiva en el empleo, el desarrollo y el turismo en las zonas rurales. Por último, también facilitará el acceso a los mercados de terceros países a través de acuerdos comerciales con la Unión.

El Reglamento parte de un sistema de reconocimiento a nivel de la UE estableciendo un procedimiento de registro articulado en dos etapas, una primera nacional, y otra posterior europea, donde la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea concede o deniega la inscripción de la Indicación Geográfica en el Registro de la Unión.

En el caso de España, para la fase nacional, será la Oficina de Patentes y Marcas el órgano competente para las indicaciones geográficas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad o ciudad autónoma. Cuando el ámbito territorial sea de carácter autonómico, serán las comunidades autónomas las que deberán designar el órgano competente para la fase nacional del procedimiento de registro, modificación y anulación de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico, así como de control. Así, en el caso de Andalucía, dada la distribución competencial de las materias objeto del citado Reglamento, su gestión la realizará la Consejería de Industria, Energía y Minas sin perjuicio de las atribuciones que en materia de artesanía corresponden a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta norma será aplicable a partir del 1 de diciembre de 2025, fecha en la que los Estados miembros deberán tener designadas las autoridades que en sus respectivos ámbitos asuman las competencias correspondientes a los procedimientos relacionados con la tramitación de las indicaciones geográficas.