El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Industria, Energía y Minas a impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas bajo un modelo de colaboración público-privada y con las entidades locales, a través de una hoja de ruta que refuerce las actuales políticas para el desarrollo de este tipo de figuras, fundamentales para desarrollo de la generación distribuida de energías renovables en Andalucía. Con este nuevo instrumento, cuyo diseño y ejecución será realizado por la Agencia Andaluza de la Energía, la Junta de Andalucía se marca el objetivo de poner en marcha, al menos, 1.000 nuevas instalaciones para alcanzar una potencia de 68 MW hasta finales de 2026, lo que supone duplicar las actualmente existentes.
El objetivo es abrir el sistema energético andaluz a empresas, ciudadanos y colectivos públicos municipales para que tengan una mayor participación en lugar de ser meros consumidores de energía y que las empresas puedan facilitar la asunción de este nuevo rol por parte de la ciudadanía. Esto servirá asimismo para estimular un tejido empresarial especializado en la prestación de estos servicios energéticos específicos, al tiempo que contribuirá a la competitividad industrial de Andalucía.
El autoconsumo colectivo es aquel en el que una única instalación fotovoltaica cubre el consumo eléctrico de diversos usuarios domésticos, entidades públicas, empresas de servicios o industrias conectados con una distancia entre ellos menor a dos kilómetros. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que coloca una instalación fotovoltaica en su azotea o un polígono industrial que la instala en una cubierta, abierta a varias de las empresas que se localizan en el mismo.
Por su parte, los usuarios de las comunidades energéticas, a través de una figura jurídica como la asociación o la cooperativa, según recomienda la Agencia Andaluza de la Energía en su ‘Guía jurídica para el desarrollo de comunidades energéticas en zonas vulnerables’, pueden generar, almacenar, comercializar, compartir e incluso distribuir energía de forma colectiva y colaborativa, preferentemente de origen renovable y generada en las proximidades de dichos consumidores.
Tanto el autoconsumo colectivo como las comunidades energéticas se convierten en soluciones de gran alcance para poder descentralizar el modelo energético andaluz, haciéndolo más participativo y eficiente. Asimismo, proporciona un ahorro económico y una mayor estabilidad en el precio de la electricidad a empresas, administraciones y particulares, suponiendo una oportunidad para mejorar la competitividad empresarial, limitar el gasto público y de la ciudadanía.
Sin embargo, aún son numerosas las barreras que dificultan la puesta en marcha de estas iniciativas de energía comunitaria debido al desconocimiento de los potenciales usuarios, la dificultad de acceder a empresas especializadas que conozcan los procedimientos administrativos y requisitos de este tipo de instalaciones, o la falta de un marco normativo estatal suficientemente desarrollado. En este sentido, han pasado ya casi dos años desde que el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico sacó a información pública el borrador de Real Decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, el cual sigue sin aprobarse.
Este hecho dificulta la puesta en marcha de comunidades energéticas, y por ello es en el autoconsumo colectivo donde se concentraría inicialmente el impulso que se busca dar desde el Gobierno andaluz con una hoja de ruta que desarrollará, tanto desde el lado de la demanda como de la oferta, la creación de un mercado de servicios en torno al autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas mediante actuaciones de divulgación, formación y acceso a financiación, entre otras. Desde el lado de la oferta, se buscará contribuir al desarrollo de un tejido empresarial especializado en el campo técnico y financiero, estableciendo un marco de alianzas basado en la colaboración público-privada y con las entidades locales, y dando visibilidad a las empresas e industrias que conforman la cadena de valor asociada al autoconsumo colectivo y a las comunidades energéticas.
Actuaciones previas de la Junta
El Gobierno andaluz se ha marcado entre sus prioridades el desarrollo y el fomento del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas, tal y como se recoge en la Estrategia Energética de Andalucía 2030, instrumento de planificación energética de la Junta de Andalucía para la próxima década. Así, se trabaja para establecer un marco de colaboración con entidades privadas y públicas con el que favorecer su expansión, puesto que la constitución de estas figuras energéticas debe tener su origen en la ciudadanía y consumidores finales privados, sin menoscabo del apoyo e impulso que deben ofrecer las entidades locales, facilitando la formación, información, proceso de conformación y tramitación, e incluso participando en ellas en los casos singulares en los que se pueda identificar el despliegue de instalaciones en edificios públicos.
En este sentido, desde la Consejería de Industria, Energía y Minas se han impulsado medidas para el desarrollo de la generación distribuida de energías renovables, entre otras, mediante el autoconsumo colectivo, entendido como un facilitador para el desarrollo de las comunidades solares, así como de las comunidades energéticas. De esta manera, se han dado a conocer sus ventajas y potencialidades en numerosos foros, se ha ofrecido asesoramiento y se han diseñado instrumentos y herramientas como la mencionada guía jurídica para facilitar su constitución, pero también se ha apoyado al tejido asociativo y empresarial que quiere poner en marcha estas iniciativas, como el respaldo a la puesta en marcha de la primera comunidad energética íntegramente desarrollada en un entorno vulnerable, y a través de la contribución a la financiación de las instalaciones compartidas.
Todas estas actuaciones han facilitado el desarrollo de iniciativas por toda Andalucía, así como de empresas y profesionales que se están especializando en materia de autoconsumo colectivo, comunidades solares y energéticas y actividades afines como el almacenamiento, el mercado de flexibilidad de servicios eléctricos o la movilidad sostenible, entre otras materias.