El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado que la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en tramitación, garantizará por ley, por primera vez, que los programas de becas y ayudas impulsados por el sistema de educación superior presten especial atención al estudiantado con discapacidad.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la Comisión Parlamentaria sobre los ‘Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad’, donde ha informado que, en este curso académico, las universidades públicas han ofertado un total de 3.214 plazas en el cupo dirigido a estos estudiantes y que su departamento trabaja con la UNIA para poner en marcha una cátedra centrada en esta cuestión.
En su intervención, Gómez Villamandos ha incidido en «el firme compromiso integrador» del Gobierno andaluz para propiciar la inclusión y la atención a la discapacidad, de ahí esta especial consideración que tendrá en el nuevo marco legislativo encargado de regular el funcionamiento y la actividad del sistema universitario. Para el consejero «la universidad andaluza tiene que ser inclusiva para que cualquier persona pueda no sólo estudiar, sino también desarrollar su proyecto vital sin ningún tipo de impedimento ni de barrera», a lo que ha añadido que «las universidades tienen que ser instituciones con alma y están obligadas a reforzar su compromiso para el fomento de una comunidad en valores». En ese contexto, ha señalado que la Consejería tendrá en consideración «las aportaciones realizadas por CERMI Andalucía» en la configuración definitiva de la LUPA.
Dicho documento contará, además, con «un artículo específico dedicado a la comunidad universitaria con discapacidad, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades, la eliminación de cualquier forma de discriminación y la inclusión de medidas de acción positiva tendentes a asegurar la participación plena y efectiva de estas personas». Igualmente, este texto legal recogerá la promoción por parte de las universidades andaluzas del acceso a los estudios de este colectivo mediante el fomento de enseñanzas propias adaptadas a sus capacidades. Al respecto, el consejero ha especificado que esta normativa establece que «se deberán realizar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar que este alumnado pueda cursarlos y culminarlos con un aprovechamiento académico suficiente».
Asimismo, se contempla que las ofertas de empleo de personal docente e investigador y de plantilla técnica de gestión y administración de las universidades públicas susceptibles de cubrirse mediante vacantes presupuestariamente dotadas deberán cumplir con la reserva para personas con discapacidad, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación.
Gómez Villamandos ha querido hacer hincapié en que «esa atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad también se llevará a cabo en la Ley para el Avance de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología para Andalucía (ACTIVA)», que se encuentra actualmente en tramitación.
3.214 plazas del cupo de discapacidad en este curso
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha realizado una radiografía de la discapacidad en el sistema público universitario, asegurando que «las instituciones académicas andaluzas la abordan desde prismas muy diversos, que abarcan aspectos relacionados con la accesibilidad de espacios físicos, la accesibilidad digital, el empleo, la contratación o la investigación». Atendiendo a un informe elaborado por la Consejería de Igualdad, ha explicado que el número total de alumnos con estas características matriculados en grados representa en torno al 1% de la población estudiantil de ese nivel, siendo la oferta del 5%. En el caso de doctorados y másteres, se observa un porcentaje similar. Igualmente, el estudio pone de relieve que en los campus existe un 0,5% de personal docente e investigador, un porcentaje que sube al 3% en el caso del personal técnico de gestión y de administración y servicios.
En ese análisis se detecta también que existe un protocolo bien establecido y que las unidades de atención a la discapacidad de las universidades son estructuras consolidadas, aunque adolecen de un órgano de coordinación dentro del propio sistema. «Esta situación se está intentando revertir desde el Gobierno andaluz», ha matizado el consejero, quien se ha referido a la firma en septiembre pasado de un convenio entre la Junta y las instituciones académicas para coordinar la atención a este colectivo y las necesidades específicas de apoyo educativo, una labor que recaerá sobre la Universidad Pablo de Olavide.
Gómez Villamandos ha subrayado que las universidades públicas han reservado para este curso 2024-2025 una oferta de 3.214 plazas del cupo de discapacidad, para las que recibieron 620 solicitudes, matriculándose finalmente 329 personas dentro de dicho cupo y 282 personas con discapacidad en el acceso general.
Asimismo, el consejero de Universidad ha recordado que desde su departamento se desarrolla una serie de actuaciones de carácter social en la que tiene cabida la discapacidad. En ese sentido, ha apuntado que el decreto que regula los precios públicos de los servicios académicos y administrativos de las universidades públicas en Andalucía recoge que «las personas que acrediten discapacidad tendrán derecho a la exención total de esos precios en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario». Además, la Consejería cuenta con un paquete de medidas que reflejan el compromiso de la Junta en el ámbito de la igualdad y la inclusión y también en la atención a personas con dificultades económicas y con discapacidad. «Todas estas actuaciones suponen un ahorro para las familias de 59,2 millones», ha apostillado.
De igual modo, ha puntualizado que se «está trabajando para la puesta en marcha de una Cátedra sobre Discapacidad en la UNIA, que, según ha matizado, «es una Cátedra solicitada por el tercer sector que, con toda seguridad, permitirá mejorar la formación especializada en este ámbito y contribuir a una transferencia del conocimiento que repercuta en el bienestar del conjunto de la sociedad andaluza y española».
También, en el ámbito del emprendimiento, ha mencionado la red de 257 CADE con la que cuenta Andalucía Emprende que se ofrece a entidades de discapacidad, así como el convenio firmado con la Fundación ONCE para dar servicios de asesoramiento y fomentar la innovación y la inclusión social de las personas con discapacidad, con la colaboración de otras entidades comprometidas con dicha misión.