La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha firmado el protocolo general de actuación para la exhumación e identificación genética de las víctimas de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla. Dicho acuerdo, suscrito también por el Ayuntamiento, la Diputación y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, establece el marco básico de colaboración y coordinación para la intervención en esta sepultura, que podría ser una de las mayores de la Guerra Civil y la posguerra de la provincia hispalense.
«Tal como se ha demostrado en exhumaciones como la de Pico Reja o las de los camposantos de La Salud y San Rafael de Córdoba, la cooperación entre instituciones es la única estrategia útil para dar una respuesta a las demandas de las familias», ha afirmado Del Pozo durante la rúbrica del acuerdo. En esta línea, la consejera ha indicado que los acuerdos recogidos en este protocolo tienen como objetivo «atenuar el dolor sufrido por generaciones de andaluces». «Exhumar e identificar víctimas no es materia de prioridades políticas, ni de ideologías; es un asunto de humanidad«, ha recalcado.
El protocolo se trata de un acuerdo general que tiene como objetivo estipular el marco básico de colaboración y coordinación para la intervención en la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla. Las actuaciones concretas que deriven de este texto firmado también por el primer teniente alcalde del Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, serán instrumentalizadas a través de convenios específicos que se firmen a tal efecto.
En el transcurso del acto, Del Pozo ha puesto de relieve la labor de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al impulsar que este protocolo general de intervención de la Fosa Monumento recoja entre sus acuerdos, junto a las tareas de exhumación, «las labores de identificación genética, imprescindibles para dar consuelo a las víctimas». «Nuestras prioridades son localizar, exhumar, identificar y entregar los cuerpos a las familias porque se trata de una tarea a contrarreloj, dado que los restos están cada vez más deteriorados y el grado de parentesco, más lejano», ha resaltado.
En este sentido, la consejera ha avanzado algunas de las actuaciones que ya se están llevando a cabo este año en la provincia de Sevilla, en colaboración con la Universidad Hispalense. Entre ellas, ha citado la intervención en las fosas de Lora del Río, en la que se han recuperado 45 cuerpos, así como en las fosas que se encuentran en Dos Hermanas y en el cementerio de Osuna. «Asimismo, en la actualidad estamos trabajando, en colaboración con distintas administraciones y universidades, en diversas fosas de las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Córdoba«, ha resaltado.
Con respecto a las actuaciones realizadas en la fosa Pico Reja, también ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, Patricia del Pozo ha recordado que los trabajos comenzaron en 2020 y finalizaron tres años después, tras haberse exhumado un total de 10.000 cuerpos, de los que 1.786 corresponden a víctimas. «Los trabajos de identificación genética siguen en curso», ha informado.
La consejera ha detallado que desde 2019 se han exhumado en Andalucía un total de 4.910 víctimas y se han analizado muestras de ADN de 3.103 víctimas y de 3.223 familiares, una cifra muy superior a la analizada por el anterior ejecutivo andaluz que, entre 2015 y 2018, analizó las muestras de 216 víctimas y 423 familiares. En palabas de Del Pozo: «la toma de muestras de ADN y los trabajos de identificación genéticas son complejos y, a menudo, no arrojan los resultados ansiados por todas las partes. Sin embargo, son fundamentales para cauterizar el dolor».
Convenios específicos
Una vez rubricado este el protocolo general, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla iniciarán la tramitación de la firma de un convenio de colaboración con la misma finalidad, en el que se concretarán las obligaciones que asume cada una de las partes firmantes. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática establecerá un mecanismo de colaboración bilateral con el Consistorio hispalense para aportar su contribución.
El coste total de la exhumación será financiado por las cuatro administraciones firmantes a partes iguales. Del mismo modo, los costes de la identificación genética serán asumidos por las cuatro administraciones. El acuerdo recoge la constitución de una comisión mixta, que se encargará de realizar el seguimiento de los convenios específicos que se formalizarán en el transcurso del desarrollo de este protocolo. Esta comisión estará compuesta por ocho representantes, dos por cada una de las partes firmantes.