Un total de 1.400 menores infractores evitaron acabar ante el juez gracias al Servicio de Mediación Penal de Menores de la Junta de Andalucía que logró que llegaran a un acuerdo con las víctimas reconociendo el daño causado y reparándolo. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor que cumple ahora 25 años abrió esta vía alternativa de resolución de conflictos ante conductas de los jóvenes infractores. Una vía que la Consejería de Justicia está impulsando en los adultos anticipándose así a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que incluye también los medios alternativos de solución de controversias.
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Esteban Rondón, ha participado hoy en las I Jornadas de Justicia Juvenil que, bajo el título ‘Posibilidades de la Justicia Restaurativa en el sistema penal de menores’ ha organizado el Grupo Interuniversitario e Interdisciplinario de Investigaciones sobre la Criminalidad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. El encuentro, que está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del ámbito judicial, continuará el viernes con la participación de técnicos de los Servicios de Mediación Penal de Menores dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Durante su intervención, Rondón ha recordado que tras la aprobación de la Ley del Menor el 12 de enero de 2000, las comunidades autónomas asumieron las competencias de garantizar centros y servicios donde los menores puedan cumplir las medidas impuestas por los jueces “con un enfoque que prioriza la reeducación frente al modelo anterior exclusivamente punitivo”.
“Desde entonces, el sistema de Justicia Juvenil andaluz se ha convertido en un referente nacional e internacional, ya que el 80% de los menores infractores que pasan por él no reincide”, ha destacado.
Es en ese enfoque reducativo del sistema penal del menor creado a partir de la ley, que ahora cumple 25 años, en el que se enmarca la mediación como alternativa al juicio, “sobre todo en delitos leves”, que ha ido cobrando peso, hasta lograr el año pasado que 1.400 jóvenes no llegarán ante el juez. Todo ello “gracias al trabajo de profesionales especializados que han logrado que reconocieron los hechos, se arrepintieran, pidieran perdón y aceptaran reparar el daño, y también a la generosidad de las víctimas que se han visto resarcidas con ello”.
Así, los procesos de mediación exitosos se cerraron en el 36% de los casos mediante actos de conciliación entre el menor y la víctima (754), en un 32% mediante la reparación del daño (658) y en otro 32% mediante la realización por parte del menor de actividades socioeducativas sustitutivas de las medidas judiciales (672). Un mismo menor puede estar en varios procesos de mediación y alcanzar distintas vías de acuerdo.
Rondón ha detallado que muchos de estos casos son de delitos de tráfico cometidos, donde se sustituye la pena por talleres de educación vial; así como pequeños hurtos en tiendas, donde hay una reparación del daño y pidiendo perdón a los dependientes, quienes además tienen ocasión de explicarles la repercusión que tienen esos hurtos.
Los ocho Servicios de Mediación Penal de Menores forman parte de una red gestionada por la Junta que incluye también 13 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI); 17 Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA). Además, la Consejería de Justicia tiene convenios con ayuntamientos y ONG para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Promover la investigación
Andalucía sigue liderando la intervención con los menores infractores. Recientemente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto para crear el primer Observatorio de Justicia Juvenil de España y prácticamente de Europa, ya que será el único público, pues hasta ahora solo existe en Bélgica y dependiente de una fundación privada.
Será un órgano colegiado de consulta, de propuesta y participación que estará adscrito a la Consejería de Justicia. Además, contará con la intervención de los departamentos de la Junta con responsabilidades en materia de educación, empleo, familias, formación profesional, políticas migratorias, infancia, juventud, salud y violencia de género. También participarán representantes de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, las universidades o las entidades que gestionan los centros y servicios andaluces.
Además de recopilar los datos cuantitativos y cualitativos, impulsará la investigación, evaluará las políticas públicas en la materia y promoverá programas de formación para los profesionales que trabajan con menores infractores.
Rondón ha destacado el importante papel que cumplirán en este Observatorio quienes trabajan en este ámbito para estudiar los cambios en los perfiles de los jóvenes, tipos de delitos y medidas judiciales que se han producido en estos 25 años y los que se produzcan en el futuro para adecuar la intervención “y mejorar ese 80% de éxito en su reeducación”.