El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, al objeto de culminar la estructura de puestos adscritos a la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones.
Tras la aprobación del Decreto por el Gobierno andaluz, la Dirección General de Prestaciones queda configurada en seis unidades administrativas, adecuándose sus denominaciones y funciones, creando y modificando aquellos puestos de trabajo necesarios para llevar a cabo las funciones que le son atribuidas y eliminando los que no se consideran necesarios, permitiendo así el ejercicio adecuado de las competencias asignadas.
Las unidades administrativas en las que queda dividida son: Coordinación de la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones; Servicio de Gestión de Pensiones no Contributivas (PNC); Servicio de Renta Mínima (RMISA), Prestaciones y Ayudas; Servicio de Justificación y Seguimiento de Subvenciones; Servicio de Subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuestos de Sociedades; Servicio de Gestión de Subvenciones Generales, y Servicio de Ordenación Jurídica.
Este centro directivo se creó en enero de 2024 con un marcado perfil técnico, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de centralizar en un mismo órgano directivo, con criterios de eficacia en la gestión y racionalización del gasto público, atribuciones como la tramitación económica y administrativa, y la comprobación de la justificación de subvenciones, ayudas y prestaciones asistenciales que son competencia de la Consejería de Inclusión Social.
La creación de este centro directivo permite reducir la carga de los restantes órganos directivos, redundando en una organización administrativa más ágil y eficaz. Así, la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Viceconsejería, centraliza la gestión de las pensiones no contributivas, la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF e Impuesto de Sociedades y las subvenciones de la Junta en materia de igualdad y políticas sociales destinadas a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, así como ayudas que puntualmente se convocan desde la Consejería (como el bono carestía).
En definitiva, se trata de una dirección general con carácter instructor, eminentemente técnico y tramitador, dentro de la apuesta del Gobierno andaluz por avanzar en una administración ágil y eficaz, que dé respuesta a los derechos de la ciudadanía.