El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha confiado en que las 468 plazas de profesorado ayudante doctor sufragadas en Andalucía por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del ‘Programa María Goyri’ de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas se incrementen en una segunda fase, ya que las considera «insuficientes» y «no cubren las necesidades reales de las instituciones académicas andaluzas«. Así lo ha puesto de manifiesto durante la rúbrica del convenio que da sustento a la implementación de dicha iniciativa diseñada para atender las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El documento también lo han firmado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y los rectores del sistema público universitario andaluz.
En virtud de este acuerdo se crean en nueve universidades públicas andaluzas un total de 468 plazas de esa figura contractual con cargo a fondos estatales por un periodo de seis años, estableciéndose para el año 2024 un montante de 6,52 millones de euros destinado a financiar el coste de esta plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Ese importe se traducirá en unos 21 millones de euros anuales a partir de 2025. Gómez Villamandos ha remarcado que el ‘Programa María Goyri’ también recoge que la Junta de Andalucía sufragará con más de 13,5 millones anuales procedentes de recursos propios la incorporación de otros 306 profesionales de estas características, sumando un conjunto de 774 ayudantes doctores para la comunidad. «Se trata de una infradotación de personal en comparación con otras comunidades que no permitirá a los campus andaluces hacer frente a las exigencias de dedicación docente establecidas por la LOSU, a pesar de que desde la Junta y desde las propias universidades lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio en reiteradas ocasiones e, incluso, mediante cartas remitidas a la ministra Morant», ha apostillado.
El convenio firmado también contempla que Andalucía, como el resto de autonomías, se haga cargo de la estabilización de todo ese profesorado a lo largo de toda la vida laboral. Por tanto, según ha aclarado el titular de Universidad, «esa doble responsabilidad atribuida a los territorios implicará que las comunidades tengan que asumir un sobrecoste importante para sus arcas con una aportación mayor que la partida que abonará el Gobierno central en sueldos durante sólo seis años». En ese contexto, ha querido recordar, además, que ese esfuerzo inversor será especialmente «costoso» para Andalucía, que cuenta con el mayor sistema público universitario de la geografía nacional y «sufre una infrafinanciación por parte del Estado superior a 1.500 millones de euros anuales, pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación superior en relación con su PIB».
Con el fin de activar cuanto antes el cumplimiento del convenio firmado, la Consejería de Universidad solicitará a los rectores información del profesorado incorporado a sus plantillas este curso académico 2024/2025 en la categoría de ayudante doctor, «con el objetivo de garantizar así la aplicación efectiva de los 6,52 millones previstos por el Ministerio de Ciencia para este año 2024, dadas las fechas que son».
En cualquier caso, Gómez Villamandos ha querido hacer hincapié en que, al margen de este convenio, «desde el Gobierno de Juanma Moreno se lleva apoyando en los últimos años la carrera docente e investigadora en las universidades públicas, «marcando como prioridades la estabilización de estos profesionales y el relevo generacional, dos factores esenciales para la retención y captación del talento». Precisamente, ha apostillado que la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) que tramita la Junta también contempla en su articulado esos objetivos, creando nuevas figuras como el profesorado ayudante, el ayudante doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía o recuperando el contratado doctor. «Todos perfiles redundarán en la calidad y mejora de nuestras universidades», ha aseverado. Asimismo, ha apuntado que la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (ACTIVA) también prestará especial atención a esa estabilización.
Distribución de las 468 plazas financiadas por el Ministerio de Ciencia
El acuerdo rubricado por el consejero de Universidad contempla para la Universidad de Almería la contratación de 16 ayudantes doctores con una consignación para 2024 de 223.105 euros, para la Universidad de Cádiz 30 plazas con un importe de 418.321 euros, y para la Universidad de Córdoba, 49 perfiles y 683.258 euros.
Por su parte, para la Universidad de Granada se han aprobado 58 ayudantes doctores con un montante de 808.755 euros, para la Universidad de Huelva, la plantilla adicional a incorporar asciende a 32 con un coste de 446.210 euros, para la Universidad de Jaén, la partida es de 20 para cubrir 278.881 profesores acogidos a esta categoría. Asimismo, la Universidad de Málaga tiene asignados 84 profesionales con un presupuesto de 1,17 millones de euros, la Universidad Pablo de Olavide, 49 ayudantes doctores y 683.258 euros y la Universidad de Sevilla, 130 con una cuantía de 1,81 millones de euros.