El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha denunciado hoy que la cesión a la Generalitat de Cataluña de la gestión de las plazas de secretarios, interventores y tesoreros municipales es una “nueva discriminación” para nuestra comunidad y el resto de los territorios del país. Para Nieto, esta cesión supone además una “competencia desleal” en la gestión de un cuerpo de funcionarios de carácter nacional, cuya labor es fundamental para los ayuntamientos, cuando además se da la circunstancia de que en Andalucía la mitad de las plazas reservadas para estos profesionales, cuya convocatoria compete al Estado, permanece vacante.
Nieto se ha referido en el Pleno del Parlamento al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Cataluña en la Comisión bilateral, del pasado 24 de febrero, por el que se ceden a la Generalitat las competencias en selección, formación y provisión de este cuerpo. Un acuerdo que ha sido criticado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) -cuyos dirigentes en Andalucía han asistido a la sesión- al entender que están siendo usados por el Estado “como moneda de cambio”.
Para Nieto, la selección, formación y provisión de los puestos reservados a estos funcionarios debe permanecer en el ámbito estatal para garantizar la neutralidad e independencia de estos profesionales que dan tranquilidad a los alcaldes al garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones. “Compartimos la preocupación de Cosital y de muchos municipalistas porque todas las personas que han pasado por un ayuntamiento saben la importancia de disponer de estos profesionales”, ha subrayado.
Una autopista para Cataluña
El consejero ha detallado que “en Andalucía tenemos 1.531 plazas de interventores, tesoreros y secretarios de las que casi la mitad, 681, se encuentran vacantes sin titular” ante la falta de convocatorias, algo que afecta a los ayuntamientos y diputaciones, en especial a los municipios pequeños.
Nieto ha lamentado que en lugar de convocar más plazas ante la avalancha de jubilaciones y adecuar la prueba todo lo posible para seguir garantizando el nivel de este cuerpo, el Estado ceda a la Generalitat esta competencia, con lo que “a Cataluña se le da una autopista para resolver sus problemas sin atender las necesidades que debería atender un Gobierno de España serio”.
“Nos preocupa la situación de todo el país y el funcionamiento de todas las administraciones y no funcionarán los ayuntamientos y diputaciones sin tener plazas de habilitados nacionales. Pero si el Gobierno de España no es el principal interesado en resolver este problema, poco margen les queda a las comunidades autónomas”, ha denunciado tras reclamar que “a Andalucía se la trate igual que a otros territorios”.