La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública cumplirá los «estrictos plazos» de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que supondrá «la mayor transformación de la Justicia en décadas» y que arranca el próximo martes 1 de julio con la implantación de la primera fase. Esto supone la conversión de once de los doce partidos judiciales de la provincia de Córdoba en tribunales de instancia. Solo la capital mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha en la que debe estar implantada la norma al completo con la última y tercera fase que engloba a las capitales y los grandes partidos judiciales.
La reforma, «impulsada por el Ministerio de Justicia, pero sin su respaldo económico», supondrá un cambio radical en la estructura judicial, ya que se pasará de órganos unipersonales, encabezados por un juez, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un equipo de funcionarios, «a órganos colegiados, con una redistribución de los funcionarios en unidades procesales de tramitación y servicios comunes», ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en rueda de prensa.
Previamente, durante una reunión celebrada con operadores jurídicos y representantes de la Junta de Personal en Córdoba, Nieto ha agradecido el esfuerzo del personal judicial y las preocupaciones y aportaciones trasladadas por los profesionales. «Desde la publicación de la ley en enero, la Junta no ha dejado de trabajar para adaptar la Justicia a esta profunda reforma en tiempo récord, a pesar de la falta de financiación estatal», ha señalado.
En Córdoba, la Consejería de Justicia ha reforzado el personal judicial con ocho funcionarios más, con un impacto presupuestario cercano a los 400.000 euros anuales. Este esfuerzo forma parte de una inversión autonómica global de 57 millones de euros en Andalucía, necesarios para la puesta en marcha de la ley, que ha salido «íntegramente de recursos propios», ya que la nueva Ley no incluía dotación económica al ser aprobada.
Otra de las novedades son las oficinas municipales de Justicia, que sustituirán a los actuales juzgados de Paz, y que tendrán un impacto especialmente notable en municipios con más población, como Palma del Río, donde se implantará el piloto de este modelo en la provincia. Esto permitirá descongestionar juzgados cercanos los de Posadas y acercar los servicios a la ciudadanía. El objetivo, es «que se pueda llegar a hacer el 85% de los trámites judiciales se podrán realizar desde estas nuevas oficinas».
Violencia de género y falta de jueces
Nieto ha explicado que la implantación de la Ley se complica en Córdoba con la comarcalización de los juzgados de violencia de género de Lucena, Cabra y Pozoblanco. Nieto ha denunciado el «desconocimiento absoluto del Ministerio» sobre la realidad del territorio cordobés y ha exigido una respuesta clara: «O se opta por mantener los juzgados como están, o si se opta por la comarcalización, debe hacerse con criterios de lógica territorial». Por ello, ha apostado porque el sur de la provincia, Lucena debería ser el centro comarcal, no hay otra opción razonable».
La Consejería también ha solicitado al Ministerio un aumento del número de jueces especializados en violencia de género, proponiendo «un mínimo de 22 nuevos jueces frente a una previsión claramente insuficiente», en la que solo se destinan diez jueces. «Una vez más, el Ministerio margina a Andalucía, frente a los 60 nuevos jueces a Cataluña y ninguno a nuestra comunidad», ha denunciado el consejero.
Por último, Nieto ha expresado también su preocupación por la huelga convocada por jueces del 1 al 3 de julio, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley. «Compartimos el fondo de sus reivindicaciones, espero que se pueda alcanzar algún acuerdo con el Ministerio y que este retire su iniciativa legislativa, que solo complica y genera desconfianza en torno al sistema judicial».