El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la puesta en marcha en todas las provincias andaluzas del proyecto piloto para la prestación del Servicio de Experto Facilitador para prestar apoyo a las personas con discapacidad que participen en procesos judiciales en Andalucía.
De esta forma, expertos facilitadores con formación especializada en accesibilidad y en ajustes de procedimiento acompañarán a las personas con discapacidad inmersas en un proceso judicial, ya sea como testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos. El objetivo es superar las barreras que pueden encontrar estas personas para comprender el sistema de Justicia o ser comprendidos cuando prestan declaración o intervienen en un procedimiento. Este nuevo servicio está enmarcado en el Plan de Humanización de la Justicia y la apuesta por la accesibilidad del sistema judicial, que persigue la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.
En 2023, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya puso en marcha un proyecto que permite a los jueces solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo y que cuya primera experiencia piloto fue premiada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A ello, se une ahora este servicio de expertos facilitadores para garantizar la comunicación eficaz entre los operadores jurídicos y la persona con discapacidad.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, está trabajando en la elaboración de un decreto para regular este servicio, si bien para evaluar su viabilidad, coste y posibles mejoras se ha activado un proyecto piloto para consolidar la figura del facilitador. Desde principios de mes, los órganos judiciales andaluces que conozcan asuntos que afecten a personas con discapacidad pueden solicitar la figura de un facilitador para que las asista durante el procedimiento. Para ello, deben contactar con el Servicio de Justicia de la delegación territorial correspondiente que derivará el asunto al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) de la provincia, en el caso de que la persona con discapacidad sea la víctima en el proceso, o a la entidad adjudicataria del servicio si su rol es otro.
Las entidades adjudicatarias para prestar esta asistencia durante el proyecto piloto son Plena Inclusión Andalucía (en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga), la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Los contratos son por un año, prorrogable, con un presupuesto total inicial de 144.000 euros.
Los facilitadores son profesionales expertos que apoyan a las personas con discapacidad para que comprendan y tomen decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique a través de un lenguaje comprensible y de que se le proporcionen los ajustes y apoyos adecuados. Para ello, se encargan de identificar e implementar las adaptaciones y ajustes individualizados que permitan su participación en los procedimientos judiciales, en condiciones de igualdad, garantizando así su derecho constitucional de tutela judicial.
Se trata de personas con titulación en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional, con formación específica en accesibilidad y ajustes de procedimiento para apoyar a las personas con discapacidad en los procesos judiciales en los que participen y que deben acreditar que carecen de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.