- La Conselleria de Medio Ambiente formaliza las dos denuncias ante la mala praxis en la gestión de residuos y el incumplimiento de la normativa
- Se han remitido al Seprona tres informes del Cuerpo de Agentes Medioambientales que verifican la presencia de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en la rambla del Poyo
- Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental, gestión ilegal de residuos y traslado de residuos tipificados en el Código Penal
La Generalitat ha formalizado dos denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras detectar la presencia de vertidos de residuos y de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en el entorno del barranco del Poyo. Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.
Así lo ha avanzado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, quien ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha tramitado estas actuaciones después de que este martes el Pleno del Consell tomara conocimiento de la denuncia presentada por la Conselleria ante el Seprona por el vertido y tratamiento de residuos que está realizando la CHJ y el abandono de vehículos junto al barranco del Poyo en Riba-roja de Túria. Unas actuaciones que se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre.
Mérida ha detallado que desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se ha tenido conocimiento de tres informes emitidos por el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat con los que “hemos podido constatar que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa”. Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de siete hectáreas.
El secretario autonómico ha señalado que, “frente a estas malas prácticas de la CHJ, desde el Consell se trabaja desde los primeros días para que la gestión del millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones se haga de acuerdo con la normativa en la materia y se ha puesto en marcha un contrato por valor de cerca de 180 millones de euros con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y minimizar el impacto en nuestro territorio”.
Más de 300 coches abandonados
Durante su comparecencia, Mérida ha indicado que otro equipo de agentes medioambientales “también ha verificado en un informe que en la parcela 2 del polígono 22 de Riba-roja de Túria hay 217 vehículos afectados por las inundaciones, acumulados en diversos puntos de acopio”. Estos hechos se unen a otra inspección en la que han aflorado otros 84 vehículos abandonados. “El Consell también tomó en conocimiento de ese tercer informe que amplía la cantidad de vehículos apilados en el barranco del Poyo y sus inmediaciones a los 301”, ha remarcado Mérida, que ha añadido que este último documento también ha sido trasladado al Seprona desde la Dirección General de Calidad Ambiental.
El dirigente autonómico ha insistido en que estos vehículos “deben tratarse arreglo a la normativa, como se ha hecho con el plan conjunto puesto en marcha por la Generalitat y los ayuntamientos para gestionar la retirada de más de 130.000 vehículos”.
En este sentido, Mérida ha recordado que, de acuerdo con la disposición décima del Real Decreto-ley 8/2024, la responsabilidad de la retirada depende de la ubicación de los vehículos. “Por un lado, la CHJ debía haberse encargado de los situados en cauces, la Generalitat de los que estaban en vías autonómicas, y los ayuntamientos, de los ubicados en parcelas municipales”.
Los propietarios de vehículos afectados en esta situación podían retirarlos antes del 28 de febrero, ya que a partir de entonces pasan a ser considerados como vehículos abandonados y deben ser trasladados a centros gestores para su tratamiento y gestión de baja definitiva.
Una gestión, ha agregado Mérida, “que no solo puede afectar a nuestro entorno, sino que deja en un absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos que aún siguen, 7 meses después, sin poder tramitar las ayudas por la pérdida de sus bienes”.