7 de abril de 2025.- La Federación Española de Municipios y Provincias ha recordado que, ya hace unos meses, y con la unanimidad de la Junta de Gobierno, pidió al Ejecutivo que reformase la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que conlleva una tasa y está provocando enormes diferencias entre unos ayuntamientos y otros.

Así lo ha destacado el secretario general de la federación, Luis Martínez-Sicluna, quien se ha referido a que la tasa empieza a aplicarse este mismo mes y conlleva diferencias, como que algunos ayuntamientos se basen en el consumo de agua por vivienda, otros en la referencia del Catastro o incluso en el número de residentes, en definitiva “una regulación muy dispar que hace que al final sea cada ayuntamiento el que decida determinar el criterio a partir del cual define su tasa”.

De esta forma, Martínez-Sicluna ha recordado que ya hace más de seis meses la Junta de Gobierno de la FEMP -que cuenta con la representación del PP, PSOE, Sumar-Podemos-IU, Junts y ERC- pusiera de manifiesto que no había directrices claras a la hora de aplicar la tasa y pedía al Gobierno de España que reformase la Ley, evitando así “la discrecionalidad de cada entidad local y respetando la autonomía local”.

Asimismo, el secretario general de la FEMP ha afirmado que la Ley pretende que los ciudadanos seamos más eficientes en cuanto a la disminución de los residuos urbanos y se mejore en la recogida selectiva de residuos, pero es el Gobierno el que ha decidido aplicar una tasa que no recogía la directiva de la Comisión Europea, tasa a la que también se opuso la FEMP, “para evitar que provocase un aumento de los costes para los ciudadanos”.