Barcelona, 6 de junio de 2025.– La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha reclamado hoy en la Conferencia de Presidentes la aprobación urgente de un Real Decreto-ley que evite un grave perjuicio económico a los ayuntamientos. Ha señalado que esta exigencia es compartida por todas las fuerzas políticas representadas en la FEMP, que ya aprobaron una declaración institucional conjunta.

García-Pelayo ha insistido en la necesidad de abordar cuanto antes la reforma del sistema de financiación local, y hacerlo de forma pactada y simultánea a la reforma de la financiación autonómica. “Solo una negociación paralela garantizará un reparto justo de los fondos públicos entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La reforma de la financiación local es urgente y prioritaria no para las administraciones, sino para los ciudadanos, que necesitan servicios de calidad en sus pueblos y ciudades”, ha afirmado.

Tres medidas

En su intervención, ha explicado que, por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de la FEMP, se ha solicitado formalmente a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno la aprobación inmediata de un Real Decreto-ley específico que recoja tres medidas clave para evitar el perjuicio causado por la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2025:

1.  La actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los Tributos del Estado para 2025, que actualmente se calculan con base en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta situación supone ya una pérdida de 4.280 millones de euros para los ayuntamientos.

2. La liquidación definitiva de la Participación en Tributos del Estado correspondiente a 2023.

3. La autorización para que los gobiernos locales puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles en los años 2025 y 2026, o incluso con vigencia indefinida.

La pérdida para las entidades locales en el año 2025, si no se actualizan las entregas a cuenta, y no se liquida la Participación en Tributos del Estado del año 2023, será de 6.322 millones de euros.

“Estamos asfixiados”

La presidenta ha recordado que las entidades locales han elaborado sus presupuestos conforme a la previsión oficial transmitida a la FEMP en la reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada hace casi un año. Esto origina que se estén aprobando acuerdos de no disponibilidad, hasta que se produzca de forma efectiva el ingreso anunciado por el Ministerio de Hacienda. “Por otra parte, la imposibilidad de efectuar inversiones financieramente sostenibles está obligando a las entidades locales a amortizar deuda financiera, algo que carece de toda lógica económica”, ha añadido.

García-Pelayo ha pedido, de nuevo, la convocatoria inmediata de una sesión ordinaria de la CNAL: “Nos da casi vergüenza tener que recordarlo”, ha afirmado, añadiendo que este órgano no se reúne desde septiembre de 2022. La solicitud formal fue remitida en febrero por la presidenta de la FEMP, a instancias de la junta de gobierno, sin haber recibido respuesta. “Si en la pasada Conferencia de Presidentes se comprometieron a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hagan lo mismo con los ayuntamientos. Estamos asfixiados”, ha reclamado.

Vivienda y autonomía financiera

En relación con la vivienda, la presidenta de la FEMP ha defendido que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos para ampliar el parque público y ha subrayado que la vivienda es una competencia local que requiere planificación a largo plazo y una gestión económica potente. “Proponemos una medida concreta: permitir a los ayuntamientos destinar sus ahorros a vivienda pública, sin que compute en la regla de gasto. Permítannos utilizar nuestros fondos para colaborar en la resolución del problema”, ha concluido sobre este punto.

Por último, ha reclamado que se respete el principio de autonomía financiera de los ayuntamientos, también en materia de tasas y tributos. En este sentido, ha reiterado su petición de reflexión en torno a la tasa de residuos impuesta por el Gobierno desde abril, subrayando que no responde a ninguna obligación por parte de la Comisión Europea. García-Pelayo ha reafirmado el compromiso de las entidades locales con la recogida selectiva y la protección del medio ambiente, pero ha advertido: “No queremos seguir apretando la capacidad económica de nuestros ciudadanos. Queremos prestar servicios de calidad y contar con la financiación necesaria”.

María José García-Pelayo ha concluido su intervención pidiendo la convocatoria de elecciones generales, apelando al sentir mayoritario de los ciudadanos: “Pido, porque así lo piden todos los ciudadanos de España, que se convoquen ya las elecciones. Tenemos un Gobierno en España que no es capaz de resolver los problemas de los ciudadanos, que está más dedicado a resolver los problemas internos que a gestionar. Y por eso los españoles nos merecemos que se convoquen elecciones ya y que podamos hablar”, ha afirmado.