8 de abril de 2025.- La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, remitirá dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que reclama la urgencia de adoptar medidas legislativas que permitan a los gobiernos locales recibir, con carácter urgente, las entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado (PTE) que fueron anunciadas a la FEMP en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada el pasado julio.

El texto de estas misivas se ha acordado esta misma tarde en la sede de la FEMP durante la reunión de la Comisión de Haciendas Locales de la federación, con los votos de los Grupos Popular, Socialista y Junts, así como también ha recibido el visto bueno de los portavoces de la Junta de Gobierno. Según va a trasladar en esta reclamación García-Pelayo, las comunicaciones del Ministerio de Hacienda han supuesto una reducción –como mínimo- de 4.280 millones de euros.

A ello, se suma la obligatoriedad de destinar el superávit presupuestario de 2024 a reducir deuda en 2025, ante lo que la federación reclama “la aprobación de una norma con rango de ley” que permita el uso de estos “remanentes” en inversiones financieramente sostenibles en 2025 y 2026.

También se demanda que la norma exceptúe “las obligaciones de aprobar un Plan Económico Financiero por la aplicación de los remanentes”.

De esta forma, a las cartas se adjuntará un documento en el que quedan señaladas con mayor detalle las cuestiones urgentes que afectan a la financiación local:

1. Actualización de la participación en Tributos del Estado (PTE): A la demanda de respetar el importe de las entregas a cuenta acordadas en julio de 2024 se añade la petición de abonar la liquidación de la PTE de 2023, que asciende a 2.042 millones. En conjunto, se reclaman 28.935 millones para 2025 y se solicitan medidas normativas que garanticen estos pagos sin más retrasos.
2. Reglas fiscales y destino del superávit: La FEMP solicita poder usar el superávit de 2024 para inversiones sostenibles, y no solo para reducir deuda, como impone ahora la ley. Para ello, propone prorrogar la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para los años 2025 y 2026, e incluso de forma indefinida.