- La Ley LGTBI+ aún no se implementa efectivamente en las aulas, dejando fuera a las familias diversas.
- Las familias LGTBI+ enfrentan barreras legales en derechos básicos como la filiación y el acceso a ayudas.
- Es urgente una Ley de Familias inclusiva que proteja los derechos de todas las realidades familiares.
Madrid, 12 de mayo de 2025. – Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se conmemora cada 15 de mayo, la Federación Estatal LGTBI+ lanza un llamamiento urgente al Gobierno y a todas las administraciones públicas para que cumplan con los compromisos recogidos en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y aceleren la aprobación de la pendiente Ley de Familias. A pesar de los avances normativos de los últimos años, las familias LGTBI+ siguen enfrentando situaciones de invisibilidad, desigualdad legal y discriminación institucional en su vida cotidiana.
Una de las principales preocupaciones señaladas por la Federación es la falta de implementación efectiva de las medidas previstas en la Ley LGTBI+, especialmente en el ámbito educativo. Aunque la norma contempla acciones para visibilizar la diversidad familiar y fomentar una educación libre de estigmas, la realidad es que las aulas continúan reproduciendo un único modelo de familia. Las familias homoparentales, reconstituidas, trans, monoparentales, diversas y LGTBI+ apenas aparecen en los materiales escolares ni en las dinámicas pedagógicas, lo que perpetúa su invisibilidad y legitima el rechazo. Esta exclusión se manifiesta también en la persistencia de formularios escolares que solo contemplan las figuras de “padre” y “madre”, ignorando por completo la pluralidad familiar existente.
Barreras legales en derechos básicos
A esto se suma la discriminación que viven muchas familias del colectivo LGTBI+ en el acceso a derechos básicos. Las parejas de mujeres no casadas siguen encontrando trabas para la filiación automática de sus hijas, hijos e hijes, a pesar de tener derecho al reconocimiento directo. En la práctica, muchas se ven obligadas a iniciar procesos judiciales o adoptar a los propios menores, e incluso se les niega la filiación en hospitales y registros civiles, lo que constituye una vulneración flagrante de derechos.
La situación es especialmente grave para las familias monoparentales, muchas de las cuales forman parte del colectivo LGTBI+. Estas familias siguen sin ser reconocidas como familias numerosas, lo que las excluye de importantes apoyos públicos. Además, se enfrentan a discriminación fiscal y dificultades en el acceso a permisos laborales, becas y ayudas. Esta desprotección institucional es incompatible con un modelo de Estado que aspire a garantizar la igualdad real.
Iván Hernán, coordinador del grupo de familias LGTBI+ de la Federación Estatal LGTBI+, señala que “no se trata solo de que se aprueben leyes. Se trata de que se apliquen, de que la administración no nos trate como excepciones o casos especiales. La falta de reconocimiento legal tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, en la crianza, en los trámites, en la protección de nuestros hijos, hijas e hijes. Lo que pedimos no es un trato diferencial, es justicia social y dignidad”.
Una Ley inclusiva con todas las realidades familiares
Desde la Federación se insiste en que una Ley de Familias que reconozca explícitamente la diversidad familiar es fundamental para blindar derechos, garantizar protección efectiva y combatir tanto la discriminación como los discursos de odio. La reciente denuncia por parte de una organización ultraconservadora contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por repartir materiales escolares que incluían dibujos de familias diversas es una muestra de cómo, en ausencia de un marco legal sólido, nuestras familias quedan expuestas y desprotegidas. “Si nuestras familias estuvieran recogidas expresamente en una ley marco, este tipo de ataques serían más fácilmente identificables como delitos de odio. Hoy por hoy, estamos desprotegidas incluso frente a eso”, añade Hernán.
Asimismo, la Federación recuerda que sin una implementación efectiva de la Ley LGTBI+ y sin una Ley de Familias inclusiva, los derechos del colectivo no están garantizados. Las medidas recogidas en las leyes deben traducirse en formación para el funcionariado, actualización de formularios y protocolos, dotación presupuestaria, y una firme voluntad política de transformar la realidad.