Colombia es así, las buenas noticias se unen a las más amenazantes o trágicas”. Con ese mensaje ambivalente resume el ripense Javier González, integrante de la ONG XXI Solidario, el escenario de incertidumbre que envuelve a la comunidad de paz de San José de Apartadó, cuyos habitantes campesinos decidieron en 1997 negar la entrada a todos los grupos armados en sus caseríos, donde habitan unas 500 personas, para vivir sin el estrépito de las balas y la muerte.
Las esperanzadoras noticias anunciadas recientemente por el Estado de adoptar medidas de protección y reconocimiento del daño causado durante estos 28 años se solapan con el ritual cotidiano de amenazas, extorsiones, agresiones y asesinatos por parte de las fuerzas paramilitares y los cárteles de la droga, que actualmente operan en esta zona del noroeste colombiano, en el Urabá Antioqueño, en las proximidades del golfo del Dairién.
“Con el anuncio efectuado por el Gobierno de Gustavo Petro”, resume Javier González, “se pretenden enterrar 28 años de agresiones paramilitares, en connivencia con el ejército colombiano, contra esta comunidad campesina. Es una gran noticia también para quienes les hemos acompañado por más de 20 años, el municipio de Rivas entre ellos, a través de programas de cooperación y el envío de solicitudes internacionales”.
El acuerdo gubernamental contempla medidas de reconocimiento a la comunidad y sus víctimas, así como la creación de una comisión independiente para evaluar un sistema de justicia. La entidad XXI Solidario recuerda cómo durante casi tres décadas la comunidad de paz ha sufrido todo tipo de agresiones “para intentar arrebatarles sus tierras de labor, muchas veces en connivencia con el ejército, y que se han saldado con más de 300 muertos”. El más execrable, la masacre de la vereda Mulatos (2005), cuando fueron asesinados tres niños y cinco adultos, entre ellos el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, y su familia.
“Durante años el Gobierno colombiano negó los hechos y les acusó con mentiras hasta que una sentencia judicial aclaró la autoría paramilitar en colaboración con mandos de la Brigada XVII del ejército de Colombia”, recuerdan desde la ONG ripense.
A toda esta violencia que pretende “robarles sus tierras”, la comunidad ha respondido desde su fundación con una propuesta de paz, “construyendo una estrategia de resistencia civil no violenta en oposición al conflicto en Colombia y tejiendo una red internacional de apoyo a su causa que la ha llamado a ser finalista de los premios Sajarov del Parlamento europea o al reconocimiento del papa Francisco”, recuerda el portavoz de la entidad ripense.
RIVAS, ESTANDARTE SOLIDARIO
Dentro de esta solidaridad internacional, figura la colaboración de Rivas Vaciamadrid mediante proyectos financiados por el Ayuntamiento y canalizados a través de la ONG XXI Solidario, para mejorar sus condiciones de vida: educación, aguas residuales o legalización de tierras, entre otros.
“Muy importante han sido los mensajes enviados por la Alcaldía de Rivas encabezando las acciones de la Red Europea de Apoyo a la Comunidad de Paz, que tuvo su origen en Rivas a raíz de la visita institucional realizada en 2017 a San José de Apartadó y que hoy agrupa a más de 30 asociaciones de nueve países europeos”, recuerdan en XXI Solidario.