La detención arbitraria del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo, por parte del régimen de Nicolás Maduro, generó un clima de máxima tensión entre Argentina y Venezuela. El gendarme de 33 años fue capturado hace casi dos semanas. Venía desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo de dos años en Puerto La Cruz, en el oriente venezolano.
En las últimas horas, el gendarme pudo establecer un primer contacto indirecto con su familia.Según Kevin Gallo, hermano del detenido, se le entregó una carta a Nahuel en la que le transmitieron apoyo y noticias sobre su hijo. «Queríamos que supiera que todos estamos bien y que su hijo está muy bien«, señaló Kevin a Clarín.
No obstante, desde Venezuela se persiste en justificar la detención bajo acusaciones infundadas.
Maduro y sus funcionarios refuerzan falsas acusaciones
El canciller del régimen chavista, Yván Gil, calificó al gendarme como un «terrorista infiltrado». Además, acusó al gobierno argentino de «introducir elementos violentos» en territorio venezolano. Gil, en un mensaje cargado de propaganda, afirmó que Gallo «ha dejado pruebas físicas que lo comprometen» y que está siendo procesado bajo el supuesto respeto al estado de derecho.
Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, aseguró sin pruebas que el gendarme tenía como objetivo liberar a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas. Estas acusaciones fueron rápidamente desmentidas por la pareja de Gallo, María Gómez. Además son una estrategia de la dictadura de Maduro para justificar su política de persecución y criminalización.
Reacciones en Argentina: denuncia de Milei y silencio oficial
El presidente argentino, Javier Milei, calificó la detención como un «secuestro ilegal» durante el acto de egreso del Colegio Militar en Buenos Aires. «Gallo fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo», expresó Milei.
La situación pone en evidencia el modus operandi del régimen venezolano, que utiliza detenciones arbitrarias como herramienta de represión y chantaje político. A pesar de la gravedad del caso, el gobierno argentino ha mantenido un perfil bajo, generando cuestionamientos sobre su postura frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por Maduro.