La Comunidad de Madrid ha incorporado dos drones con cámaras y cinco medidores láser a sus inspecciones urbanísticas, tecnología de vanguardia que, desde el aire, servirá para reducir los tiempos y conseguir una toma de datos más precisos en lugares de difícil acceso.
El respeto a la normativa en esta materia es beneficioso no solo para una correcta ordenación del territorio, sino también para la defensa de suelos sometidos a algún régimen especial de protección, incompatible con su transformación, por razón de sus valores paisajísticos, ambientales, agrícolas, forestales, ganaderos o de riesgos naturales acreditados en el planeamiento.
El objetivo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior es que el suelo ocupado por edificaciones ilegales pueda destinarse a los usos para los que está planificado, como pueden ser actividades agrícolas o ganaderas, entre otras. También defender el terreno no urbanizable de protección y los espacios naturales protegidos, así como dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid.
Los nuevos equipos vuelan a una altura de entre 15 y 20 metros. Además, lo hacen en todo tipo de espacios, incluso en aquellos en las que hay que pedir permisos medioambientales o de coordinación con aeródromos, solicitándolos previamente a la Agencia Estatal de Navegación Aérea.
Más de 200 inspecciones y 334 diligencias previas
La Dirección General de Urbanismo, a través de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, realiza diferentes actuaciones para el control de las edificaciones ilegales. Así, desde julio de 2023 se han completado 201 inspecciones y 334 diligencias previas.
Además, los ayuntamientos han recibido 363 nuevas incidencias detectadas por fotografía aérea y cumplimentado 96 requerimientos de información realizados por los juzgados, tribunales, Ministerio Fiscal o Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
En cuanto a las acciones de disciplina urbanística, la Comunidad de Madrid tiene una competencia subsidiaria, por lo que antes de actuar es necesario constatar la inactividad del ayuntamiento competente. En este sentido, a lo largo de esta Legislatura se han abierto 101 expedientes, 67 sancionadores, por importe de 334.693 euros. También 45 órdenes de demolición, y otras 29 para la ejecución subsidiaria, habiéndose tramitado asimismo 18 autorizaciones judiciales de entrada a domicilios.