En concreto, se han analizado 19 disposiciones reglamentarias gracias a este Decreto. En el caso de la Ley, se han revisado 11 disposiciones legislativas para adecuar su terminología y se han modificado una veintena de expresiones.
Tanto con la Ley como con el Decreto se eliminan las referencias peyorativas para las personas con discapacidad en todo el cuerpo normativo de la Administración regional como, por ejemplo, en la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1993 en Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
El principal objetivo del Gobierno regional es aunar esfuerzos para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, de la mano también de las organizaciones que representan a este colectivo. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha desarrollado esta normativa con la participación de las organizaciones representativas.
Además, en el texto se garantiza un lenguaje apropiado y respetuoso en el ámbito de la discapacidad, tanto en las disposiciones normativas como en las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de sus autoridades y empleados públicos.