La Administración autonómica gestionará el abono de estas ayudas, tras recibir la transferencia del Estado, impulsando, asimismo, la puesta en marcha de nuevas medidas que permitirán tramitar en el menor plazo posible el pago de las cantidades estipuladas para cada familia.
La normativa establece una participación compartida entre el Gobierno central y los autonómicos, correspondiendo al primero la financiación, así como la definición de los parámetros legales para su cálculo. Por su parte, las administraciones regionales se encargan de la ejecución de las funciones relativas a la identificación de los beneficiarios, su tramitación, la resolución del proceso y el pago, así como la regulación del procedimiento para la ejecución.
En este sentido, la Comunidad de Madrid aprobó una ley para facilitar el pago en cada ejercicio, dando cobertura legal a la comunicación de las empresas comercializadoras de referencia de los datos personales de los receptores de esta subvención, y dictó la correspondiente orden de procedimiento.
El bono social térmico es un programa de concesión directa de prestaciones. Tiene como objeto la compensación de los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. En los últimos cuatro años, la Comunidad de Madrid ha tramitado más de 550.000 ayudas del bono social térmico.