Sánchez culminó su asalto a RTVE obviando el Reglamento europeo para repartírsela con sus socios independentistas y filoetarras
La Comisión Europea se mantiene “atenta” y vigilante a los ataques contra la libertad y el pluralismo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el seno de Radio Televisión Española, como consecuencia de las denuncias presentadas por el Partido Popular.
En respuesta escrita a la portavoz de la Delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, la Comisión asegura que está al corriente y sigue atentamente el desarrollo del Decreto de Sánchez que rebaja la mayoría parlamentaria para renovar el Consejo de Administración de RTVE.
No obstante, Bruselas reconoce que no será hasta agosto, con la aplicación del Reglamento europeo, que podrá además actuar contra los ataques contra la independencia de los medios públicos.
El PP había trasladado al Ejecutivo comunitario, en octubre pasado, el contenido del Real Decreto ley 5/2024, que elimina la mayoría de dos tercios que hasta ahora era necesaria para elegir a los gestores del ente, afectando así directamente al pluralismo del órgano rector.
En su escrito, la Comisión recalca que “concede gran importancia a los principios de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, que son pilares fundamentales de las sociedades democráticas”.
Explica que el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios, que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y será de aplicación a partir del 8 de agosto de 2025, tiene por objeto velar por la independencia editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación públicos.
La función de servicio público está definida a nivel nacional con arreglo al Protocolo n.º 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Con esta respuesta la Comisión apunta a que para tomar acciones contra un Gobierno infractor deberá esperar al mes de agosto, momento en el que todos los gobiernos deberán cumplir unos criterios bien precisos.
5 MESES ANTES
Para Montserrat, “Sánchez vulnera abiertamente el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, que exige a los gobiernos velar por la independencia editorial de la prensa pública, pues éste entró en vigor el 7 de mayo de 2024, cinco meses antes de su decreto para asaltar la televisión pública y repartírsela con sus socios independentistas y filoetarras”.
“El decreto de asalto a RTVE debería haberse ajustado al nuevo reglamento para cumplir con el Tratado de la Unión Europea y blindarla como servicio público independiente. Pero Sánchez es un autócrata que no conoce la transparencia ni la pluralidad ni responde ante la Ley, la Constitución y la Unión Europea”, ha añadido.
La CE admite que el Protocolo n.º 29 reconoce la libertad de los Estados miembros para definir, organizar y financiar el servicio público de radiodifusión. Sin embargo, “todos los Estados miembros han acordado un conjunto de normas y principios rectores europeos relativos a la independencia, el marco normativo y político, la financiación, los nombramientos, la rendición de cuentas, la gestión, la transparencia y la apertura en este ámbito”, recalca.
Y concluye: “La Comisión seguirá estando atenta a cualquier novedad relativa a los organismos públicos de radiodifusión, tanto a nivel nacional como regional, teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación”.
Montserrat recalcó que “el pluralismo político es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, tal como establece la Constitución Española, pero a Pedro Sánchez ya sabemos que nada le para en su control de las altas instituciones del Estado”.
“Pero es que no sólo contraviene la Constitución, sino también el Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación, que busca proporcionar una mayor protección contra la interferencia política en las decisiones editoriales. Su artículo 5 establece que los directores y los miembros del consejo de administración de los medios públicos deben ser nombrados de manera transparente, abierta y no discriminatoria. Es evidente que la reforma va en dirección opuesta”, consideró.