La Comisión de Seguimiento de la solución de vivienda de las personas de los apartamentos Don Pepe, reunida este jueves en Sant Josep de sa Talaia, ha recibido el documento de análisis sobre la situación de legalidad de los dos edificios de los apartamentos, uno de los compromisos adquiridos ante los representantes de los vecinos y que se enmarca en la línea de trabajo del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep, de priorizar el estudio de las vías legales para facilitar el retorno de las personas afectadas a estas viviendas.
Este nuevo documento, aportado por la Comisión Técnica de la que forman parte las tres administraciones, recopila y analiza una serie de información jurídica y técnica relevante sobre la situación de legalidad de los edificios, una tarea de investigación que se ha realizado los últimos meses sobre el marco legal aplicable en el momento de construcción de los inmuebles y sobre el expediente de licencia de ambos edificios, construidos en 1964, así como sobre la declaración de ruina del bloque A de los apartamentos.
En la anterior reunión, a finales de febrero, el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep se comprometieron a continuar trabajando en este sentido, desde la colaboración técnica y jurídica, para facilitar la posibilidad planteada por el Ayuntamiento de revertir la declaración de ruina del bloque A, adoptada por el anterior gobierno municipal la pasada legislatura, y poder disponer del máximo de información y documentación sobre el expediente de licencia de ambos bloques.
En concreto, la Comisión Técnica ha dado traslado del documento de análisis, elaborado a partir de una amplia revisión de documentación y de estudio del marco normativo vigente en el momento de la petición de licencia, y de informes anteriores, principalmente del informe del Consell de Eivissa de 2020, y aporta una serie de información relevante, en los siguientes puntos.
Así, se ha podido comprobar que las dos solicitudes de construcción de ambos bloques idénticos, en una misma parcela, formaban parte de un único expediente municipal; que en dicho expediente figuran los proyectos de los bloques A y B completos y visados por el colegio profesional correspondiente, como exigía la normativa de aplicación; y que la instancia relativa al bloque B aparece sellada con sellos correspondientes a los dos edificios, pudiendo entender, por tanto, que se incluye el bloque A, y conforme a lo establecido en la Ley del Timbre vigente.
Asimismo, este trabajo de análisis también recoge la documentación técnica correspondiente al bloque A, que es más completa, incluyendo, por ejemplo, la hoja estadística de vivienda libre, que no consta respecto del bloque B; que no figura en el expediente ningún informe de denegación de licencia, conforme a la Ley del suelo vigente; y que consta permiso para las dos edificaciones autorizado por la Capitanía General de Balears, como documentación aportada en relación con la normativa para zonas militares de costas y fronteras, entre otras cuestiones.
Por ello, una vez analizada la documentación, en relación con el bloque A, el documento presentado concluye que se debería valorar, por parte de los técnicos municipales, si la documentación presentada en su día y relativa al bloque A era tributaria de obtener la correspondiente licencia, como de hecho lo fue la documentación relativa al bloque B.
En cuanto a la declaración de ruina del bloque A, y analizando los informes técnicos existentes, uno elaborado a petición del Ayuntamiento y otro a petición de la propiedad, el nuevo documento de la Comisión Técnica concluye que se debería revisar esta declaración al entender que fue adoptada por el ayuntamiento de acuerdo con un informe técnico cuyas conclusiones, centradas en una única escalera, no son extrapolables al resto del edificio; y que una declaración de ruina global exige un análisis de la integridad del edificio.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento y la propiedad se emplazan a una reunión el próximo 15 de abril para acordar el inicio de la revisión de la ruina técnica del edificio, acordando el nombramiento de un técnico consensuado por las dos partes para que pueda valorar la situación actual del edificio y la posibilidad, o no, de poder levantar la ruina técnica.
Este documento ha sido tratado en la Comisión de Seguimiento de la solución de vivienda de las personas de los apartamentos Don Pepe, celebrada en el Ayuntamiento de Sant Josep, con la participación de representantes del Govern, el Consell y el Ayuntamiento y de las comunidades de propietarios de los apartamentos, como el presidente del Consell, Vicent Marí; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, entre otros.