- Se licitan los derechos audiovisuales de la primera división masculina en varios territorios europeos e internacionales para las temporadas 2024/25 y 2025/26.
- Algunas de las condiciones propuestas no se ajustan a los requisitos del Real Decreto-ley 5/2015.
La CNMC ha aprobado un informe en el que analiza las condiciones propuestas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para comercializar los derechos audiovisuales en varios territorios europeos e internacionales de la primera división masculina de fútbol sala, para las temporadas 2024/25 y 2025/26 (INF/CNMC/001/25).
La CNMC considera que las bases de comercialización propuestas no se adaptan a las condiciones que exige el Real Decreto-ley 5/2015.
En particular, la CNMC recomienda a la RFEF un procedimiento de licitación que respete los principios de competencia, transparencia y no discriminación, introduciendo estos cambios:
- Ceñirse a las facultades que le han sido otorgadas conforme al Real Decreto-ley, esto es, la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de la norma.
- No dar a entender que son de su propiedad y libre disposición derechos que no le otorga el Real Decreto-ley 5/2015, como derechos en condición de productora.
- No incluir restricciones ligadas a la publicidad y promoción de los adjudicatarios.
- Fijar criterios para la valoración de los requisitos para la adjudicación de los lotes, que garanticen la consecución de un procedimiento transparente y competitivo.
- Eliminar las formulaciones que generen incertidumbre para los candidatos y otorguen excesiva discrecionalidad a la RFEF en la adjudicación de los derechos, como en la posibilidad de cancelar el procedimiento o repetirlo en función de parámetros no definidos que generan incertidumbre en los operadores.
Estos informes se emiten en virtud del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Este exige a las entidades comercializadoras solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones propuestas.