La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos en todo el país por 24 horas para el martes 6 de mayo, luego de semanas de negociaciones estancadas con las empresas del sector y tras el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno Nacional. La medida afectará a los servicios de corta y media distancia desde las 00:00 horas y refleja el accionar de una dirigencia sindical que, una vez más, recurre a métodos extorsivos para imponer su agenda.
La raíz del conflicto reside en un desacuerdo paritario: la UTA exige elevar el salario básico de los choferes de $1.200.000 a $1.700.000, un incremento del 41,6% en medio de un esquema de transporte deficitario y sostenido artificialmente por tarifas congeladas desde agosto y subsidios multimillonarios. La propuesta empresarial —que incluía una mejora remunerativa menor al 6% a partir de junio y bonos no remunerativos escalonados de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio— fue descartada de plano por el gremio, que la tildó de “una falta de respeto”.
“La dignidad de los trabajadores está siendo avasallada”, denunció el sindicato en un comunicado, en el que además acusó a las empresas de negarse a presentar una oferta concreta. La última audiencia, celebrada el miércoles, contó con la presencia de los dirigentes Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes ratificaron la medida de fuerza tras constatar el fracaso de la instancia de conciliación laboral obligatoria, activada desde el 7 de marzo.
Sin embargo, desde el sector empresario las explicaciones fueron contundentes: el modelo tarifario heredado y los subsidios mal diseñados hacen inviable cualquier aumento. Gustavo Larrea, secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), advirtió que “no puede formularse ninguna propuesta” debido a la falta de fondos y denunció que el sistema opera con un déficit del 40%, producto de la enorme brecha entre los costos reales y los ingresos.
La situación del transporte urbano ilustra con claridad el colapso del modelo estatal prebendario que Milei se propuso desmontar. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real de un boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, mientras que el usuario pagó apenas $371,13, con un ingreso promedio para las empresas de $973,76 por pasaje. Las distorsiones en los precios y el congelamiento de tarifas nacionales impiden cualquier equilibrio financiero.
En ese contexto, resulta revelador que los mafiosos sindicalistas insistan en un incremento mensual que supera ampliamente la inflación proyectada, hoy contenida en torno al 3% o 4% mensual. Aún más preocupante es la postura del gremio, que desestima la crítica situación del sistema y opta por paralizar el país, afectando a millones de trabajadores que dependen del transporte público para movilizarse.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, intentó mediar entre las partes. Guido Arocco, secretario de conciliación, encabezó sin éxito las audiencias. No obstante, fiel a su compromiso con la desregulación y la libertad de negociación entre privados, el Ejecutivo mantiene su decisión de no intervenir directamente en una discusión que corresponde a los actores del mercado. La solución, afirman fuentes oficiales, no pasa por más gasto estatal, sino por sincerar tarifas y dejar atrás décadas de intervencionismo fallido.