Menor en una casa de acogida
El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a las Ciudades y Comunidades Autónomas que faciliten datos actualizados sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de desamparo que se encuentran en sus sistemas de acogida, de cara a la elaboración de una propuesta de acogida solidaria entre los distintos territorios de nuestro país.
Tal y como establece el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la acogida solidaria de personas menores, aprobado por el Consejo de Ministros, las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el 31 de marzo para facilitar al Gobierno central estos datos.
De esta forma, el Ministerio de Juventud e Infancia actualizará la información disponible sobre los sistemas de acogida de las Comunidades Autónomas, un primer paso para poder definir por territorio la acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo que en la actualidad se encuentran en las Islas Canarias y en Ceuta.
«La actualización de los datos por parte de las Comunidades Autónomas es de suma importancia para poder realizar un diagnóstico del estado de los diferentes sistemas autonómicos de acogida y elaborar una propuesta equilibrada y solidaria», ha expresado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La ministra ha recordado que la evaluación de los sistemas es necesaria para poder estudiar la sobreocupación y, de esta forma, optar al fondo de financiación asociado a la acogida de niñas y niños migrantes en situación de desamparo, gestionado por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El Real Decreto-Ley por el que se establecen medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias garantiza la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
En caso de no contar con datos actualizados, el ministerio utilizará los últimos registros disponibles a nivel estatal con carácter oficial, incluidos en el ‘Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia’ número 26, correspondientes a 31 de diciembre de 2023.