El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández, para impulsar la mediación en conflictos laborales judicializados de la mano de estos profesionales especialistas en este ámbito del Derecho. Un documento «pionero» en nuestro país que va a permitir desarrollar una experiencia piloto en los juzgados de lo Social para aliviar de carga de trabajo a una de las jurisdicciones con más retrasos en la agenda de juicios y agilizar la resolución de los asuntos.
La iniciativa, la primera de este tipo que se pone en marcha en nuestro país, se enmarca en la Estrategia de Mediación que está desarrollando la Consejería para fomentar vías alternativas de resolución de conflictos más ágiles y basadas en el acuerdo entre las partes y que contribuyan a aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales andaluces. De hecho, desde el pasado mayo existe un Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que según ha destacado el consejero «está permitiendo resolver en un mes delitos leves» derivados por los juzgados penales. Una experiencia que ahora se quiere trasladar a la jurisdicción laboral.
Nieto ha explicado que «es un hecho objetivo que hay atasco en los juzgados de lo Social y se están fechando juicios para 2027 e incluso 2028». Además, ha lamentado que la situación se ve agravada por la negativa del Ministerio de Justicia a crear nuevos órganos en Andalucía en 2025 pese a la solicitud de la Junta de 56 juzgados y 15 plazas de magistrados. «Es una falta de respeto cuando a Andalucía se le dice que ninguno y se aprueba un plan de choque en el que se crean cinco juzgados en Barcelona, no me parece que sea justo que se privilegie a unos territorios castigando a otros», ha denunciado.
Ante la situación de la Jurisdicción Social, el consejero ha señalado que desde hace tiempo los graduados sociales tenían la propuesta de actuar como mediadores dados sus conocimientos especializados en Derecho laboral. El convenio firmado permitirá poner en marcha una experiencia piloto «a coste cero» para la Junta gracias a la «generosidad» del colectivo.
Por ello, Nieto ha agradecido su disposición y su confianza en las posibilidades de la mediación en una jurisdicción que «los graduados sociales conocen perfectamente y en la que pueden prestar un grandísimo servicio a la sociedad andaluza».
El convenio prevé que los Colegios provinciales de Graduados Sociales creen una bolsa específica de mediadores laborales a los que los juzgados puedan derivar asuntos que ya están en los tribunales, sin perjuicio de la labor de mediación prejudicial que realiza el CMAC, dependiente de la Consejería de Empleo, para tratar de evitar que los conflictos se judicialicen.
La resolución de un despido sin demoras
Los graduados sociales podrán así ejercer de mediadores en casos como despidos o reclamaciones de cantidad sin perjuicio de que las partes estén representadas por sus abogados y procuradores. Los propios juzgados podrán derivar a la mediación los casos que estimen susceptibles de alcanzar un acuerdo, aunque siempre tendrá un carácter voluntario. Para ello, estarán conectados a la agenda de los Puntos de Información para para la Mediación en Andalucía (PIMA), que serán los encargados de ofrecer todos los detalles a las partes y remitirlos al mediador.
Para Nieto resulta especialmente importante tratar de agilizar la resolución de conflictos en los casos en los que la relación laboral se mantiene ya que «si la solución tarda un año o dos la relación se deteriora».
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández, ha defendido que «la mediación no solo contribuye a descongestionar los tribunales, sino que también ofrece una herramienta efectiva para solucionar conflictos de manera más humana y cercana a las necesidades reales de la ciudadanía». «Estamos comprometidos con esta nueva vía de resolución de conflictos que beneficiará tanto a los ciudadanos como a las empresas andaluzas, proporcionando soluciones que eviten largos y costosos litigios», ha añadido.
«El acuerdo busca fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en particular la mediación, como una vía eficaz, rápida y menos costosa para las partes implicadas. Este convenio responde a la creciente demanda de alternativas que permitan desjudicializar ciertos procedimientos, facilitando soluciones consensuadas que promuevan la armonía social y laboral en Andalucía», ha subrayado el presidente del Consejo Andaluz de la profesión.