- Nuria Martínez señala que “el Gobierno central nos impone aplicar una ley en tiempo récord, sin recursos ni planificación, lo que dificulta garantizar una justicia cercana y accesible para la ciudadanía”
- La Generalitat informa de las medidas para implantar la nueva estructura judicial que deberá estar implementada en 24 de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana el 1 de julio
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha reclamado al Gobierno de España los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar la correcta implementación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que conlleva la aprobación de una nueva estructura judicial que generará cambios organizativos y en materia de infraestructuras.
Así lo ha manifestado durante una sesión informativa celebrada en la Ciudad de la Justicia de València, dirigida a operadores jurídicos. En ella, se han abordado las principales medidas adoptadas por la Generalitat para cumplir con esta ley, que deberá estar implementada en 24 de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana el 1 de julio de este año.
En esta línea, la titular de Justicia ha indicado que “el Gobierno central nos traslada la responsabilidad de implementar una ley en tiempo récord, sin los recursos y sin la planificación y coordinación adecuadas, lo que se traduce en desigualdad y dificultad para garantizar una justicia cercana y accesible a toda la ciudadanía”.
“Estamos ante un gran reto, que exige liderazgo, diálogo y, sobre todo, responsabilidad institucional, porque nos encontramos en un momento complicado debido a las consecuencias de la dana, a la infrafinanciación crónica que padece nuestra Comunitat Valenciana y a la sobrecarga que soportan nuestros juzgados, con cargas de trabajo que en ocasiones superan el 200 y el 300 %”, ha subrayado.
La responsable del departamento de Justicia de la Generalitat, también ha informado de que “el pasado viernes remitimos una nueva carta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, solicitando las plazas judiciales que necesitamos para descongestionar nuestros juzgados y reducir las elevadas cargas de trabajo que soportan, y para seguir otorgando la formación que necesitan para desempeñar su labor con excelencia”.
Martínez ha defendido el compromiso de la Conselleria con la modernización de la justicia. “Tenemos que afrontar el reto de modernizar la Justicia e implementar la LO 1/2025 con nuestro trabajo conjunto, porque una reforma de esta envergadura no sería posible sin el compromiso y el trabajo incansable de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales y todos los operadores jurídicos”.
Durante la sesión informativa se han expuesto cuestiones clave como las necesidades de personal derivadas de la creación de la nueva Oficina Judicial, su impacto en la Relación de Puestos de Trabajo y la carga laboral de cada unidad. También se ha informado sobre el plan estratégico elaborado por la Subdirección General de Modernización, el Protocolo de Actuación, los aspectos tecnológicos y la gestión del cambio e información.
A la jornada también han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza; la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler; la subdirectora general de Recursos Humanos de la Administración de Justicia, Alicia Juan; la subdirectora general de Acceso a la Justicia y Entidades Jurídicas, Teresa Benedito; la subdirectora general de Infraestructuras Judiciales, Sara Reyes; y el jefe de Servicio de Modernización, Planificación y Formación, Juan Ferrando Ábalos.
Además, se han abordado cuestiones de gran importancia en relación a los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como es la retribución a los profesionales de la asistencia jurídica gratuita y la situación comparativa de la Comunitat Valenciana a este respecto, así como las subvenciones a los municipios en materia de mediación.
Por último, por lo que respecta a las infraestructuras judiciales, se ha presentado la adaptación a la nueva planta judicial, su impacto, dificultades y el coste que supone todo el proceso.