Izquierda Unida lamenta que “la nueva decisión del Tribunal Supremo conocida hoy de dar portazo a investigar si el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, pudo cometer hasta cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública por la gestión de importantes cantidades de dinero a través de estructuras opacas en el extranjero muestra de nuevo el pacto de impunidad que existe a nivel de distintas estructuras del Estado en relación con el ahora rey emérito”.
Esta formación recuerda que “con este rechazo a la argumentada querella presentada en noviembre pasado por destacados ex magistrados y ex fiscales anticorrupción, además de reconocidos intelectuales, la justicia española repite la jugada que ya ejecutó hace poco más de cuatro años ante la querella que Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas presentamos por delitos similares contra el mismo protagonista”.
Igual que hizo en su día sobre los argumentos esgrimidos para desestimar su acción judicial, Izquierda Unida “rechaza también por completo el conjunto que el Supremo esgrime ahora, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, para volver a tumbar una querella por la actividad delictiva de Juan Carlos de Borbón: que los hechos denunciados no constituyen delito, que se encuentran prescritos o fueron objeto ya de una regularización tributaria”.
Se da la circunstancia de que el ponente del nuevo auto de inadmisión, igual que el de hace cuatro años, vuelve a ser el magistrado Manuel Marchena, protagonista de múltiples y sucesivas polémicas tanto personales como por algunas de sus decisiones, encadenadas desde sus meteóricos ascensos primero en la Fiscalía, más tarde antes y después de su más que rápida incorporación al Alto Tribunal en 2007 como el magistrado más joven.
Entre otras, Marchena fue denunciado por sus compañeros en la carrera judicial en 2012, junto a otros 19 magistrados, alguno de ellos compañero de Sala en el Supremo, por impartir cursos, conferencias y charlas para fundaciones, universidades y entidades con el patrocinio financiero de al menos 25 empresas, desde bancos como el Santander o Cajamar, hasta multinacionales como Endesa o grandes bufetes de abogados. El Consejo General del Poder Judicial no tomó nunca ninguna medida al respecto.
También se hizo pública la estrecha relación del magistrado Marchena con el Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris, donde participaba en el Master de Derecho Penal Práctico tal y como se publicó en medios, un instituto vinculado directamente al que fuera comisario José Manuel Villarejo, condenado y procesado en varias causas por su vinculación con diversos delitos y las denominadas ‘cloacas del Estado’.
Mientras, Marchena recoge en su auto conocido hoy que los ex magistrados del Supremo y los ex fiscales no pueden ser entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos.
Y mientras también, Juan Carlos de Borbón sigue campechaneando estos días a bordo del ‘Bribón’ en las regatas de la localidad de Sanxenxo (Pontevedra) antes de regresar a su exilio dorado en Abu Dabi, donde ha buscado permanecer al margen de la legislación fiscal española.
