Izquierda Unida celebra el conjunto de medidas aprobadas esta mañana en el último Consejo de Ministros del año para desarrollar en 2025, “un amplio paquete de medidas económicas y sociales de las que somos partícipes, negociadas en profundidad y con firmeza durante semanas en el seno del Gobierno de coalición para que estén listas cuando se necesita”.
“Este trabajo -añade IU- nos motiva para mantener el objetivo que nos llevó al Ejecutivo hace ya casi un lustro para seguir arrancando más avances desde dentro y ampliar el escudo social que impulsamos desde el primer momento”.
“Estamos empeñados en la protección de derechos y en combatir la desigualdad”, por eso “no está en nuestro hoja de ruta caer en ningún tipo de conformismo, pero tampoco de indisimulada autocomplacencia, a pesar de la innegable importancia de los avances logrados”.
Entre los aprobados hoy están “la prórroga en 2025 de la prohibición de desahucios, el conjunto de medidas para rebajar el precio del transporte colectivo que no solo permenecen, sino que se amplían” o el nuevo decreto ley para “mantener el gravamen el próximo año de los desorbitados beneficios de las grandes compañías energéticas, frente al acuerdo para suprimirlo de las derechas española, nacionalistas e independentistas, en comunión de intereses con la extrema derecha”.
“Estar en un Gobierno de coalición sirve para esto, para arrancar avances que afectan a la vida diaria de la gente, con discreción, sin alharacas ni fuegos artificiales. Tenemos muy clara nuestra hoja de ruta de formar parte del Ejecutivo de coalición para empujar así los cambios reales que son garantía de progreso y defender los derechos de la clase trabajadora”.
Más en detalle, IU valora como “muy positivas” las ayudas en materia de transporte, que además de prorrogar las existentes, amplían otras para determinados grupos. Así, la gratuidad alcanzará al abono anual para la población infantil hasta los 14 años, con descuentos también del 50% en la tarifa de títulos joven o del 20% estatal del importe de la tarifa en abonos y títulos multiviaje, en los que participan también las comunidades y entidades locales.
Se suman a descuentos en vigor del 50% en el transporte colectivo urbano e interurbano para viajeros habituales (el Gobierno estatal financia el 30%) o los abonos gratuitos de Renfe y el descuento del 50% en Avant para viajeros habituales.
Para IU, el transporte “no es solo una cuestión de movilidad, sino una herramienta de justicia social”, por eso la gratuidad y los descuentos en servicios y trayectos “avanzan en la dirección correcta de facilitar el acceso para las familias trabajadoras”, para acercarnos a “un modelo estructural de transporte de gestión pública y gratuito”.
Avances concretos
Se extiende hasta final de 2025 la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Durante todo 2024 Izquierda Unida lo ha defendido como “imprescindible”, aunque también “insuficiente por sí mismo” si no se acompaña de “una limitación del poder de los grandes propietarios, regular el precio de los alquileres y construir un parque público de vivienda que dé respuesta a las necesidades de la mayoría social, algo por lo que seguimos trabajando”.
Es igualmente positiva la “extensión de la prohibición de cortes de suministros básicos (electricidad, agua o gas) a consumidores vulnerables, garantizando así su acceso a servicios esenciales. Estos derechos básicos deben blindarse frente a los intereses de las grandes compañías energéticas”, paso previo en la reivindicación de un sector energético “con tarifas justas garantizadas, sostenibles y al servicio de las personas, no del lucro privado”.
“Izquierda Unida lleva meses luchando y debatiendo -detalla esta formación- por la prórroga del gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, igual que hizo con el impuesto a los beneficios extraordinarios de la Banca, para convertirlo en un impuesto permanente”.
Considera que “las personas están por delante de los mercados”, por lo que los “desmesurados beneficios millonarios de las grandes corporaciones eléctricas, petroleras o gasistas deben servir para fortalecer la Sanidad y la Educación Públicas, junto a las políticas sociales”.