La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Foto de archivo)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, las obras de construcción de una promoción de 51 viviendas protegidas, 23 de ellas destinadas a alquiler asequible y cofinanciadas con fondos europeos en el municipio madrileño, donde ha reivindicado la colaboración entre todas las administraciones públicas para impulsar un parque público de vivienda protegido para siempre.
Durante la visita, en la que le ha acompañado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, Rodríguez ha elogiado la calidad de esta promoción, financiada con más de un millón de euros de fondos Next Generation UE y 2,3 millones municipales.
En este sentido, la ministra ha reivindicado la intervención pública para garantizar el derecho a una vivienda digna.
«El derecho a la vivienda no se puede dejar al albur del mercado privado: para garantizar el derecho a la vivienda se exige que las administraciones públicas incorporemos recursos públicos para conformar ese parque público de vivienda que necesita nuestro país», ha incidido.
Por su parte, la alcaldesa ha anunciado que Getafe, a través de su Empresa Municipal de Vivienda (EMSV), abrirá el plazo de solicitudes para acceder a las 23 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025.
Las cifras del Acuerdo Estatal de Vivienda en la Comunidad de Madrid
La ministra ha emplazado a la Comunidad de Madrid a sumarse al Acuerdo Estatal de Vivienda presentado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, que permitiría triplicar la inversión destinada a políticas de vivienda, hasta los 1.060 millones.
Rodríguez ha sostenido que «es muy difícil» rechazar el acuerdo que plantea el Gobierno, que al ejecutivo madrileño le supondría un esfuerzo adicional de 71 millones anuales de un presupuesto de más de 28.600 millones.
Las condiciones que pone el Gobierno, ha explicado, son fácilmente asumibles: que la Comunidad de Madrid incremente su aportación del 23% actual al 40%; que blinde la protección de las viviendas que se construyan con esos fondos para que en el futuro «no se privaticen ni acaben en manos de fondos», y el compromiso de aportar datos públicos a un registro estatal para «aumentar la transparencia y poner los datos al servicio de los ciudadanos».
En este sentido, ha aplaudido que la Xunta de Galicia ya haya dado el paso para adherirse al Acuerdo Estatal, que también cuenta con el apoyo de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias.
Getafe y otros 9 municipios madrileños reclaman ser zonas tensionadas
En su visita al municipio madrileño, la ministra ha reclamado una vez más a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y usen todas las herramientas que esta dispone para facilitar el acceso a la vivienda, desde la limitación de precios del alquiler hasta la inyección de recursos extraordinarios para construir más vivienda pública.
Rodríguez ha aplaudido la decisión de Getafe, que junto a los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada, San Martín de la Vega, Mejorada del Campo y Pinilla del Valle, ha reclamado a la Comunidad de Madrid la declaración de zonas tensionadas.
En total, se trata de 10 municipios madrileños, con una población de más de 760.000 habitantes (11% de la población total de la comunidad), que reclaman una mejor regulación de los alquileres.