La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el impacto de las viviendas de uso turístico en los municipios y las consecuencias en el mercado residencial de viviendas y la agilización de concesión de licencias de obra para nuevas construcciones, a solicitud del Gobierno de España.
La ministra ha destacado antes de la reunión el acuerdo, consenso y diálogo entre todas las administraciones para solucionar el problema de la vivienda, “que yo también ofrezco y, en particular, para mí, a las más valiosas que son los Ayuntamientos”.
Avances en el registro turístico y la ampliación del parque público de vivienda
Isabel Rodríguez ha defendido la necesidad de abordar una “mejor regulación” en materia de vivienda. En ese sentido, la ministra ha puesto en valor el Reglamento que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la vivienda, el derecho a la ciudad y que “las ciudades sean mucho más que parques temáticos, que sean lugares de encuentro y de convivencia entre vecinos y vecinas”.
En este aspecto, la ministra ha destacado que la plataforma ya cuenta con 5.300 viviendas referencias registradas “garantizando su legalidad desde la ordenanza municipal hasta la normativa estatal, pasando por la normativa autonómica y con la consecuencia de que, existiendo ese registro, no podrán comercializarse en plataforma ningún alojamiento turístico que sea ilegal”.
Otro elemento, ha sido la estadística de licitaciones de obra pública destinada a vivienda en el año 2024. “Un indicador muy positivo” que refleja una inversión en obra pública de 1.930 millones de euros, un 51,38% superior al dato de 2023. “La aspiración del Gobierno es converger con Europa en el parque social de vivienda, y fruto del trabajo de estos últimos cinco años, hemos avanzado en esa carrera hacia ese objetivo del 9%, pasando del 2,5% al 3,4%”. “Esto es fruto del trabajo de todas las Administraciones y de todos los recursos que hemos puesto en marcha desde el Gobierno de España para conseguir ese objetivo”, que alcanzan un total de 20.400 millones de euros desde 2018.
que nos lleva al último año a haber invertido en licitación de obra pública 1.950 millones, casi 2.000 millones de euros, lo que significa un 50% superior al año anterior. Por tanto, las cifras nos van acompañando en los objetivos marcados e implica que estamos trabajando todas las Administraciones públicas en una muy buena dirección.
Asimismo, en las próximas semanas, el Ministerio de Vivienda va a firmar convenios con 66 ayuntamientos valencianos afectados por la Dana para acompañarles en su reconstrucción con un total de 10 millones de euros. Mediante estos convenios, los municipios accederán a ayudas directas para actualizar sus agendas urbanas y adaptarlas a la nueva realidad climática. Se está trabajando en la incorporación de doce municipios más a la firma de convenios.