El juez boliviano Nelson Rocabado emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, luego de que este no se presentara por segunda vez consecutiva a una audiencia clave en la que debía resolverse un pedido de prisión preventiva por un caso de trata agravada de personas. Morales también fue declarado en rebeldía por su inasistencia.
El exmandatario comunista enfrenta acusaciones por trata de personas agravada, relacionadas con una presunta relación con una menor de edad con quien habría tenido un hijo en 2016, durante su presidencia.
Según las investigaciones, Morales habría incurrido en conductas que involucran a la menor en cuestión, lo que generó el inicio de una causa judicial en su contra.
El juez Rocabado dictaminó además medidas adicionales contra Morales, entre ellas:
- Arraigo nacional: prohibición de salir del país.
- Anotación preventiva de bienes: aseguramiento de sus propiedades.
- Notificación por edicto: publicación oficial de la resolución.
Justificaciones de Morales y rechazo judicial
La defensa de Morales argumentó que el expresidente no pudo asistir debido a problemas de salud, incluyendo bronconeumonía y bradicardia. Sin embargo, el juez desestimó estas razones tras considerar que no constituyen impedimentos válidos.
La Fiscalía presentó como evidencia un video reciente donde Morales aparece bailando con influencers kirchneristas en Bolivia, lo que contradice la versión sobre su incapacidad física.
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Influencers, redes sociales y la viralización del caso
El video que muestra a Morales junto a los influencers kirchneristas Facundo Pérez Ernst («Mini Néstor») y Rodrigo Fronzo se volvió viral en redes sociales.
Esta grabación, publicada en TikTok, fue utilizada por opositores bolivianos y sectores afines a Javier Milei en Argentina como prueba de que Morales no estaba incapacitado para asistir a la audiencia.
Próximos pasos judiciales
La Justicia boliviana ha ordenado que Morales sea sometido a una serie de exámenes médicos, incluyendo evaluaciones cardiológicas, neumológicas y análisis de sangre, bajo la supervisión del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Además, la Policía tiene pendiente el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en octubre de 2024, junto con una alerta migratoria que restringe los movimientos del expresidente fuera del país.
El caso, que involucra delitos graves como la trata de personas y abuso de poder, ha generado un intenso debate en Bolivia. La difusión del video y la declaración de rebeldía de Morales han acrecentado la presión pública y mediática sobre el sistema judicial boliviano.