Hoy han comenzado las Jornadas de Fiscales Especialistas en Trata de
Personas y Extranjería, dirigidas por Beatriz Sánchez
Álvarez, Fiscal de Sala Coordinadora contra la Trata de
Personas y Extranjería, que se celebran en la sede de la Presidencia
del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
Acompañando a la Fiscal de Sala, han participado en el acto
inaugural, Fernando Clavijo Batlle, Presidente de
Canarias; Mª Farnés Martínez Frígola, Fiscal Superior
de Canarias; José Miguel Ruano León, Vicepresidente
Segundo y Consejero Insular de Presidencia, Administración y Servicio
Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico; y
José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde de Santa Cruz
de Tenerife.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz,
clausurará mañana estas jornadas.
El objetivo de este encuentro es analizar de forma dinámica y
participativa, la evolución de la especialidad en estos 18 últimos
meses y los recientes cambios legislativos nacionales y europeos.
En este contexto, resulta imprescindible poner el foco en la
situación migratoria de los dos últimos años en España, marcada por
una llegada masiva y constante de migrantes, especialmente a través de
las costas canarias, y los problemas derivados que han impactado en
recursos asistenciales, procedimientos de protección internacional y
la atención a menores no acompañados.
También serán objeto de estudio los problemas interpretativos y de
aplicación que plantean las nuevas leyes y reformas legislativas, ya
en vigor o de próxima entrada. Entre ellas, la L.O. 10/2022 de
garantía integral de la libertad sexual, el RDL 5/2023 de 28 de junio,
el nuevo Reglamento de Extranjería que entrará en vigor el 20 de mayo,
y la reciente L.O. 1/2025 sobre eficiencia en la Justicia. A ello se
suma el Derecho Europeo, con la nueva Directiva 2024/1712 sobre lucha
contra la trata de seres humanos y el proyecto de Directiva sobre
tráfico de migrantes.
El guión de las jornadas ha puesto el acento en la dimensión
transnacional del tráfico de migrantes y la trata de personas
—constante en el primero y habitual en el segundo— que plantea
complejos retos competenciales y exige recurrir a mecanismos de
cooperación judicial internacional, como los equipos conjuntos de
investigación o las declaraciones desde el extranjero, para ofrecer
una respuesta eficaz frente a estos delitos.
Este año, además, se ha querido dedicar un espacio de reflexión sobre
la Unidad contra la Trata de Personas y de Extranjería de la Fiscalía
General del Estado y las fiscalías especializadas provinciales, con un
análisis crítico y constructivo que, tras 18 años de trayectoria,
permita identificar buenas y malas prácticas y proponer mejoras
sólidas, tanto a nivel central como territorial, desde una perspectiva
organizativa y operativa.