El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado en el Parlamento andaluz que la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura suponga “un nuevo mazazo del Gobierno de España a los regantes de Alicante, Murcia y Almería”. Como ejemplo, ha remarcado que el cambio propuesto por el Estado conllevará pérdidas de 30 millones de euros sólo en la provincia almeriense y afectará directamente a 7.000 hectáreas e, indirectamente, a 24.000 hectáreas de cultivos al aire libre.
Durante su discurso, Fernández-Pacheco ha apuntado que, además, se trata de “un hachazo que se produce, para mayor desconcierto, cuando la cabecera del Tajo almacena un volumen máximo de agua histórico”. “Cuando más recursos hay, el Gobierno de España, de forma unilateral y sin aceptar la participación ni la colaboración de las regiones afectadas, toma una decisión que viene a reducir a la mitad el agua destinada mediante el trasvase a la que es la huerta de Europa”, ha subrayado. El consejero ha explicado que la actividad agraria de esta zona “da de comer no sólo a españoles, sino también a cientos de millones de europeos” y ha hecho hincapié en que los agricultores afectados “llevan décadas generando riqueza para sus territorios y siendo garantes de una seguridad alimentaria que es esencial para Andalucía, España y Europa”.
Ramón Fernández-Pacheco ha lamentado que el Estado “opta por una política de sequía, no de agua; donde el criterio político se ha impuesto al criterio técnico, al sentido común y al principio de solidaridad”. Sobre esta última cuestión, el consejero ha calificado el trasvase Tajo-Segura como “la gran obra de solidaridad hídrica ejecutada en el país”, cuyo aporte de agua ha impulsado la actividad agrícola en la franja más oriental de Andalucía, Murcia y parte de Alicante.
El representante del Gobierno andaluz ha remarcado la “extraordinaria importancia” de este trasvase en el marco de la ordenación hidráulica española desde 1978, momento en que se comienza a traspasar agua desde la cabecera del río Tajo a la del Segura para regar el sureste español con “un agua que no llega regalada, sino que se paga”. Recordando la historia de este trasvase, Fernández-Pacheco ha apuntado que el diálogo marcaba anteriormente la organización de esta transferencia de recursos hídricos, como demuestra el acuerdo alcanzado en 2013 para “garantizar la seguridad y estabilidad del trasvase” y que fue un referente hasta junio de 2018. A partir de ese momento, sin embargo, se decidió cambiar las reglas poniendo de manifiesto “la ausencia de diálogo y de consenso” por parte del Estado, provocando que “el asunto dejara de ser técnico y pasara a ser una cuestión política”. El consejero ha comentado que “este giro en la política de agua supuso un primer recorte importante al trasvase Tajo-Segura en 2021” y que, posteriormente, la determinación de los caudales ecológicos se convertiría en el instrumento para lograr un objetivo político a través del plan hidrológico.
Como ha explicado el representante de la Junta a los presentes en el Parlamento, entre quienes se encontraban representantes de los regantes afectados, en los últimos planes hidrológicos se han fijado valores para los caudales ecológicos que llegan al extremo más alto de los intervalos previstos. “Son niveles muy superiores a los fijados en anteriores ciclos de planificación hidrológica y que no están justificados técnica ni científicamente”, ha subrayado. Además, el consejero ha apuntado que, dos años después del plan, el Gobierno central no ha cumplido aún con su compromiso de revisar el método de cálculo de los caudales.
Apoyo del Gobierno andaluz
En cuanto a la postura andaluza, Ramón Fernández-Pacheco ha remarcado el apoyo de la Junta a los agricultores afectados y ha afirmado que “el Gobierno andaluz no va a permanecer callado ante este recorte”. “Vamos a pelear en los ámbitos político, judicial y técnico, y también en el social”, ha asegurado.
En su intervención, el consejero ha puesto en valor que, “ante la inacción del Gobierno de España”, el Ejecutivo autonómico viene impulsando diversas medidas que ofrecen respaldo a los productores andaluces. A modo de ejemplo, se ha referido a las ayudas por más de 325 millones de euros para la modernización y mejora de la eficiencia de los regadíos, para la construcción de balsas de riego y para llevar agua regenerada desde los tratamientos terciarios de las depuradoras hasta las comunidades de regantes. “Ya hemos empezado y vamos a llegar hasta donde haga falta”, ha afirmado Fernández-Pacheco.