Expertos independientes reunidos el pasado jueves en Sevilla para participar en una jornada organizada por el Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (IEHPA) acerca del nuevo modelo de gobernanza europeo han coincidido en la necesidad de abordar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica y de reforzar los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para poder enfrentar el nuevo escenario fiscal con ciertas garantías de éxito.
Las opiniones manifestadas por los expertos participantes en la jornada organizada por el IEHPA coinciden con la posición defendida por la Junta de Andalucía respecto a la necesidad de reformar el actual sistema de financiación y de dotar a las comunidades autónomas de recursos suficientes para atender con garantías sus necesidades de gasto.
El responsable de Análisis Económico del BBVA Research, Rafael Doménech, fue el primero que apuntó la necesidad de acometer una reforma del sistema de financiación autonómica, aunque no fue el único. Avisó de que existen desequilibrios verticales y horizontales en la financiación, «que se van a ver agravados por la exigencia del cumplimiento de la regla de gasto».
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago Lago, apuntó en la misma línea que, «si queremos preparar a los gobiernos autonómicos para el nuevo escenario, hay que dotarlos de las herramientas necesarias«, en referencia, precisamente, a un nuevo sistema de financiación autonómica.
El catedrático señaló que España es uno de los países más descentralizados del mundo, pero alertó sobre el hecho de que su marco institucional no es el adecuado. En este sentido, señaló que no cuenta con una estructura institucional, con un Senado que cumpla la función de cámara territorial, equiparable a la que tienen los países federales, «aunque su realidad financiera sí es federal«.
De esta forma, advirtió de que, «ante la falta de unas estructuras adecuadas, se tendrán que reforzar los mecanismos que ya existen» para abordar cuál el papel de los territorios en el nuevo escenario. «Y esos mecanismos son el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Conferencia de Presidentes«.
En la idea de la descentralización insistió también Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, que intervino de forma telemática. «España es un país de los más descentralizados, pero con muchas desigualdades«, dijo.
En este sentido, manifestó que «la descentralización ha sido muy positiva», pero instó a «pensar en qué país queremos para los próximos cuarenta años«. «Valencia no quiere un déficit diferente, quiere disponer de los mismos recursos que el resto. Como le pasa a Andalucía, a Murcia y a Castilla-La Mancha», las cuatro comunidades que reciben, año tras año, menos recursos del sistema de financiación por habitante ajustado que la media. Monzó reclamó, en línea con lo anterior, un sistema de financiación que aporte a las comunidades recursos «suficientes» y en el que todos los fondos que existen actualmente se integren «en un único fondo, con un alto grado de nivelación«.
El nuevo paradigma: la visión a medio plazo
El director del departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, Javier Pérez, fue el encargado de la ponencia con que se abrió la jornada, y explicó que el nuevo modelo de gobernanza fiscal europea implica un cambio de paradigma respecto a lo que venía siendo hasta ahora. Y, en este sentido, se refirió a una «visión a medio plazo», que exige un grado de compromiso elevado por parte de los países miembros de la Unión Europea.
En el nuevo modelo de gobernanza, indicó que la planificación a medio plazo asumirá todo el protagonismo y que la clave de su éxito será, precisamente, la regla de gasto. Y para poder cumplirla y poder cumplir los objetivos que se planteen en el medio plazo, advirtió de la necesidad de implementar reformas y analizar si es sostenible el tamaño del sector público, con el nivel de gasto público que existe en la actualidad. Aunque el peso de las reglas fiscales y del nuevo modelo descansa en el gasto, señaló que éste no puede interpretarse de forma aislada de los ingresos.
Tras su intervención, se celebró una mesa redonda para analizar los principales retos que implica el nuevo marco fiscal europeo desde la perspectiva de los gastos, en la que participó el director de la división de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Ignacio Fernández-Huertas, junto con el responsable de Análisis Económico del BBVA Research, Rafael Doménech, y el director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Eduardo León, en la que se puso de manifiesto la complejidad que implica el nuevo escenario, tanto en el diagnóstico, como en la implementación las medidas, según explicó el representante de la AIReF, por el hecho de que actualmente en nuestro país no existe una, sino dos reglas de gasto: la regla nacional y la de la Unión Europea.
Por su parte, Rafael Doménech se refirió al Plan Fiscal y Estructural (PFE) a medio plazo presentado por el Gobierno de España ante la Unión Europea, y dijo que era «necesario, pero no suficiente». «Sabemos», añadió, «que hay gastos que van a crecer por encima de la senda fijada«. Y concluyó que «hacen falta más ingresos» y que «el PFE no reduce las incertidumbres». También se refirió a la discusión que a la misma hora se celebraba en el Congreso de los Diputados en torno a la propuesta de reforma fiscal planteada por el Gobierno, «con medidas a corto plazo».
Para el director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Eduardo León, el riesgo radica en que todo el gasto autorizado se consume, al menos en el caso de las comunidades autónomas, simplemente con la aplicación del deflactor del PIB y del incremento de los costes salariales. «Las tensiones en el gasto de las comunidades autónomas no las está asumiendo la Administración General del Estado», apuntó.
Condonación de la deuda
En la mesa dedicada a los retos del nuevo escenario desde el punto de vista de los ingresos, el catedrático Santiago Lago llamó la atención sobre la «situación anómala» de la deuda regional española, que en un alto porcentaje se encuentra en manos de la administración central. «Es una situación de la que deberíamos salir», dijo. Para ello, señaló que «una reestructuración es inevitable». Y se mostró partidario de extender la quita parcial de deuda con el Estado acordada con Cataluña «a todas las comunidades autónomas, incluidas las que no están acogidas a los fondos de financiación del Estado».
Eso sí, dejó muy claro que el criterio de la condonación parcial de la deuda debía ser «per capita, para que no existan agravios comparativos». Y que los detalles debían discutirse entre el Gobierno y las comunidades en el seno del CPFF.
Por su parte, César Cantalapiedra, director de la consultora Afi, coincidió en la necesidad de llevar a cabo una reestructuración de la deuda regional «para hacerla sostenible», de cara a «lo que está por venir». «El corto plazo produce espejismos. Y lo que hoy parece sostenible, en el largo plazo puede no serlo», apuntó.
Criticó que entre el 50% y el 60% de la deuda regional dependa de los mecanismos estatales, «porcentaje que en algunas comunidades se eleva por encima del 90%». La condonación de la deuda permitiría bajar dichas ratios y llevaría a muchas comunidades a niveles de solvencia atractivos para la inversión, que ahora no tienen. «Pero sólo serviría para ganar tiempo en el corto plazo. Sin una modificación del actual sistema de financiación autonómica no habrá solución a largo plazo«.
La jornada, celebrada bajo el título «Diseñando un marco institucional para las finanzas autonómicas en el contesto del nuevo modelo de gobernanza europeo», estuvo moderada por el secretario general de Hacienda de la Junta, Manuel Vázquez, y el director general de Tributos y Financiación, Jesús Pérez Aguilera, y la clausuró la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Amelia Martínez, que denunció que «al igual que pasó con el PRTR, el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo presentado por el Gobierno ante la Unión Europea se ha diseñado de espaldas a las comunidades autónomas«.