Manifestación 2 de febrero en Madrid
Este fin de semana, miles de personas han salido a la calle las 50 concentraciones convocadas en todo el país bajo el lema «A la calle, con los derechos de la gente no se juega». En su intervención tras la manifestación de Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido responsabilidad y compromiso a los grupos parlamentarios para que aprueben sin demora el nuevo Real Decreto Ley que protege derechos sociales esenciales.
Para Sordo es muy preocupante que “la ciudadanía perciba, cada vez más, que existe una separación entre los intereses de la gente, de las mayorías sociales y los intereses del ámbito político e institucional”. Por ello, ha exigido al Gobierno y al conjunto de partidos a que pongan encima de la mesa “una agenda social para los próximos meses”.
“España sigue enfrentando altos niveles de precariedad y desigualdad”, ha denunciado Sordo, al tiempo que ha instado al Gobierno a “ser valiente ante una alternativa de derecha y extrema derecha que amenaza las conquistas laborales” al tiempo que ha subrayado la necesidad de fiscalizar al poder legislativo, especialmente cuando se aborden los Presupuestos Generales del Estado, la reducción de la jornada laboral o cualquier necesidad de la mayoría social.
El secretario general de CCOO ha criticado el uso oportunista de los derechos sociales por parte de algunos partidos, “poniendo en riesgo el sistema público de pensiones en favor de su privatización” y ha mostrado su satisfacción por haber sacado adelante un Real Decreto Ley “muy importante para las 12 millones de personas pensionistas y para mejorar el sistema de ingresos de la Seguridad Social, que básicamente renueva el conjunto del escudo social”. En este sentido, ha denunciado las disputas políticas que debilitan la confianza en las instituciones democráticas y afectan negativamente a los ciudadanos.
La convocatoria, que surgió como respuesta al rechazo en el Congreso de los Diputados del denominado decreto «ómnibus», que contenía medidas clave como la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público, apoyo a afectados por la DANA y la paralización de desahucios para familias vulnerables; contó con el apoyo de asociaciones vecinales, consumidores, el Consejo de la Juventud y entidades de la iglesia de base.
Como advirtió Sordo “todas las organizaciones convocantes estaremos vigilantes” y nos movilizaremos para garantizar que los derechos de la ciudadanía no sean utilizados como moneda de cambio en las estrategias políticas.