Este miércoles, España presenta por cuarta vez su situación en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es una evaluación entre pares del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Desde su primera edición, celebrada en abril de 2008, todos los Estados han sido examinados en tres ocasiones.
En esta cuarta revisión, se espera que los países expongan las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones formuladas en ciclos anteriores, así como los avances recientes en materia de derechos humanos. Tras la presentación, los Estados miembros formularán recomendaciones que el país podrá aceptar o rechazar, permitiendo así medir su voluntad política en la materia. Aunque el EPU no conlleva sanciones, su carácter público y participativo ejerce una presión internacional significativa, visibilizando tanto buenas prácticas como posibles áreas de mejora. Por ello, funge como una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y la promoción de los estándares internacionales de derechos humanos.
Está previsto que el Grupo de Trabajo del EPU, integrado por los 47 Estados miembros del Consejo, adopte las recomendaciones dirigidas a España el próximo viernes 2 de mayo, entre las 15:30 y las 18:00 horas (CEST). El Estado examinado podrá expresar su posición respecto a las recomendaciones recibidas durante el proceso.
Avances en los derechos de las personas mayores
Entre los temas destacados por España, en esta ocasión se encuentra la situación de las personas mayores, abordada específicamente en los párrafos 163 a 165 del informe nacional. El Gobierno ha subrayado una serie de iniciativas destinadas a reforzar su protección, entre las que destaca la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que por primera vez reconoce la edad como un motivo legítimo de discriminación. Esta inclusión representa un avance significativo hacia un enfoque legal basado en la dignidad, la igualdad y la no discriminación. No obstante, persisten retos importantes, como agilizar los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y garantizar el acceso efectivo a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En 2024, se aprobó una nueva estrategia estatal denominada Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), cuyo objetivo es transformar el modelo tradicional de atención residencial en uno centrado en la autonomía personal, los derechos fundamentales y el entorno comunitario. Esta estrategia prioriza los cuidados a domicilio, buscando garantizar una vida digna y autónoma para las personas mayores, en coherencia con un enfoque de derechos humanos.
En el ámbito internacional, el país participa activamente en las negociaciones para una futura convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
Con esta inclusión, el Gobierno de España reconoce el progreso alcanzado en los últimos años en materia de derechos de las personas mayores, al incluir por primera vez un epígrafe específico sobre esta cuestión dentro del EPU. Si bien persisten numerosos desafíos, resulta evidente que los derechos de las personas mayores están adquiriendo una creciente relevancia tanto en el ámbito nacional como en el internacional dentro de las políticas de derechos humanos.
Todos los documentos presentados por España pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/es-index