El Tribunal Supremo acogerá los próximos días 19 y 20 de febrero la segunda reunión preparatoria de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), durante la que se validarán los informes finales de los grupos de trabajo y de las comisiones y estructuras permanentes de la organización de cara a la cita que, bajo el lema “Una Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, se celebrará el próximo mes de mayo en República Dominicana.
El acto inaugural de la reunión tendrá lugar el miércoles 19 en la sede del Consejo General del Poder Judicial y en el mismo intervendrán la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y titular de la Secretaría Permanente de la CJI Elena Martínez Rosso; la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Republica Dominicana, Pilar Jiménez Ortiz, que lo hará en representación de la Secretaría Pro Tempore; el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; y la presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló.
Estarán presentes además los/as presidentes/as de las Cortes Supremas de Colombia, Octavio Augusto Tejeiro; de Costa Rica, Orlando Aguirre; de Ecuador, José Dionicio Suing; de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel; de Panamá, María Eugenia López Arias; de Paraguay; Luis María Benítez; de Perú, Janet Tello; de Puerto Rico; Maite Dolores Oronoz; y de Uruguay, John Pérez Brignani; además de los presidentes del Consell Superior de Justícia de Andorra, Josep María Rossell; del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista; y de los Consejos de la Judicatura de Ecuador, Mario Fabricio Godoy, y de El Salvador, Miguel Ángel Calero.
A continuación, y ya en la sede del alto tribunal, darán inicio los trabajos de la segunda reunión preparatoria, con la presentación de informes de la Secretaría Permanente, la Secretaría Pro Tempore y la Comisión de Coordinación y Seguimiento y de los grupos de trabajo: Uso de tecnología en la impartición de justicia, Gestión penal de delitos de alta complejidad, Perspectiva de género e interseccionalidad en el servicio judicial y La transparencia judicial, la confianza y la proximidad con las personas y los medios.
La jornada finalizará con la deliberación y validación de los proyectos de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene como objetivo general establecer un marco estratégico que promueva una justicia actualizada y digna en la región iberoamericana a través de la implementación de medidas concretas que garanticen una administración judicial eficiente, sin demoras y aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para ofrecer servicios oportunos, así como fomentar una justicia inclusiva que asegure la igualdad de acceso y participación de todos los ciudadanos.
La agenda del jueves 20, mientras tanto, contempla la presentación de los informes de las comisiones y las estructuras permanentes de la Cumbre: Comisión de Género y Acceso a la Justicia, Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de tratamiento de Drogas y/o Alcohol, Comisión de Calidad para la Justicia, Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, Portal de Sentencias de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (PLIEJ) y Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).
Esta jornada finalizará con el debate de las conclusiones de la reunión y la lectura y firma del acta, tras lo que se celebrará el acto de clausura.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es un foro de diálogo y concertación institucional entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Su principal objetivo es la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático.