Una experta de la ONU ha advertido este lunes que la actividad delictiva organizada está alimentando una crisis mundial desatendida de desplazamiento interno.
En su informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur*, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, examina el aumento de la actividad de la delincuencia organizada como motor mundial de los desplazamientos internos y de las violaciones de los derechos de las personas desplazadas.
“La actividad delictiva organizada es un motor cada vez más relevante del desplazamiento interno, ya que el número de personas desplazadas por la delincuencia en todo el mundo se duplicó de 2023 a 2024”, dijo Gaviria Betancur.
En 2024, al menos 1,2 millones de personas se vieron desplazadas por la violencia relacionada con la delincuencia en todo el mundo.
“A pesar de esta creciente amenaza, pocos Estados han sido capaces de desarrollar respuestas eficaces para prevenir, abordar y remediar el desplazamiento en estos contextos”.
Algunas de las regiones más afectadas: Centro América, Sudamérica y el Caribe
“Los actores criminales no sólo obligan a personas y comunidades a abandonar sus hogares, sino que someten a las personas desplazadas a graves abusos contra los derechos humanos, como violencia, extorsión, reclutamiento y trabajo forzados, y violencia y explotación sexuales, a menudo en un clima de total impunidad”, afirmó Gaviria Betancur.
Los desplazamientos relacionados con la delincuencia organizada son un fenómeno mundial, pero los focos regionales más destacados se encuentran Centroamérica, el Sahel, el Sudeste Asiático, y partes de Sudamérica y el Caribe.
Las zonas afectadas por este tipo de violencia, que pueden ser rurales o urbanas, tienden a caracterizarse por:
- la presencia débil o cuestionada del Estado
- una situación de pobreza y marginación
- la presencia de economías ilícitas
- la proximidad a fronteras internacionales
Este último facilita la comisión de delitos transnacionales, al proporcionar una ruta para traficar con contrabando o personas y eludir la aplicación de la ley cruzando jurisdicciones.
Abordar este fenómeno: un proceso complejo
«La totalidad de estos actos erosiona la legitimidad del Estado y socava la cohesión social a medida que las comunidades se fracturan y dividen en facciones bajo la presión criminal”.
La relatora especial reconoce en su informe que abordar eficazmente la delincuencia organizada es un proceso complejo, dado que el fenómeno abarca múltiples marcos jurídicos, incluidos el humanitario, el de los derechos humanos y el penal.
“Estas dinámicas, unidas a la persistente inseguridad generada por la actividad criminal, frustran la búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento».
Además, los actores de la delincuencia organizada no son un grupo homogéneo y tienen diversas motivaciones políticas, ideológicas, económicas y territoriales que deben ser gestionadas.
Los enfoques militarizados afectan más a las víctimas que a los criminales
Gaviria Betancur expresa su profunda preocupación por los enfoques militarizados que han tendido a dominar las respuestas de los Estados a la delincuencia organizada: “Las respuestas militarizadas pueden dirigirse contra los actores criminales, pero a menudo acaban castigando a las víctimas, impulsando nuevas oleadas de violencia y desplazamientos”.
El informe insta a los Estados a adoptar medidas que aborden las causas profundas del desplazamiento y la criminalidad, como la pobreza, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho.
Estos también deben garantizar la centralidad de la protección en las respuestas a la violencia criminal y el desplazamiento, y promover la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, la reparación y las soluciones duraderas para los desplazados internos y otras víctimas de violaciones de derechos humanos.
*Paula Gaviria Betancur es Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
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