«El sistema de pensiones ha superado con éxito su primer examen externo. Los resultados muestran que es sostenible y que las reformas estructurales adoptadas hasta el momento están dando resultados», ha valorado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tras conocer los resultados del Informe sobre la regla de gasto de pensiones publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En este informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata que el gasto en pensiones cumple el umbral de sostenibilidad, establecido por el Real Decreto-ley 2/2023 al concluir que el nivel de gasto neto en pensiones entre 2022 y 2050 se sitúa en un 13,2% del producto interior bruto (PIB). Ello supone que está una décima por debajo del nivel marcado en esta norma como límite y que, por tanto, no es necesario adoptar nuevas medidas.
«Las reformas han alentado el crecimiento económico y la profunda transformación del mercado de trabajo en términos de creación y de calidad del empleo. Las reformas del sistema de pensiones, en particular, han garantizado por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a la vez que propician la sostenibilidad del sistema al actuar también sobre sus ingresos», ha explicado.
«Son reformas consensuadas, que emanan del Pacto de Toledo y que hemos negociado y acordado en la mesa del diálogo social. Hemos conseguido mejorar la protección social además de reforzar la sostenibilidad social y financiera a medio y largo plazo, como ha quedado patente hoy», asegura Elma Saiz.
La AIReF tiene encomendado calcular, cada tres años, el impacto de las medidas adoptadas en los ingresos del sistema. Un resultado que se combina con la estimación del promedio del gasto en pensiones entre 2022 y 2050, sobre la base del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea y que es el 14,6% del PIB. La Autoridad Fiscal ha estimado que el promedio del impacto de las medidas de refuerzo de los ingresos adoptadas en ese periodo supondrá un 1,4% del PIB. Así, el nivel de gasto neto en pensiones del 13,2% del PIB es el resultado de restar al nivel de gasto (14,6%) los ingresos adicionales generados por el sistema (1,4%).
Reformas del sistema
Una de las principales medidas adoptadas en los últimos años ha sido la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC por ley, que ha permitido que este 2025 las prestaciones se revaloricen con carácter general un 2,8% y un 22,7% desde 2019, lo que garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Las pensiones mínimas y las no contributivas se han incrementado aún más entre 2019 y 2025, acumulando subidas de entre el 40 y el 50% según el tipo de pensión.
«Hay 9 millones de pensionistas que tienen garantizado su poder adquisitivo, pero además no podemos perder de vista el efecto multiplicador de la inversión social en pensiones», señala Elma Saiz. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Es) «las pensiones públicas, revalorizadas por ley conforme al IPC, reducen el riesgo de pobreza 16,4 puntos porcentuales, es decir en unos 7,8 millones de personas. De ellos, 2 millones de personas no reciben la prestación directamente, pero se benefician del impacto en sus redes de apoyo».
También se ha mejorado la protección de los trabajadores autónomos a través del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que permite que accedan a mejores prestaciones. Y se han establecido incentivos para que los trabajadores demoren su jubilación, si lo desean.
Ingresos del sistema
«La solidez del empleo tiene un impacto muy profundo en el sistema de pensiones y en los ingresos de la Seguridad Social», explica Saiz. «España tiene más afiliados que nunca, más de 21,4 millones. El empleo es más estable y los ingresos por cotizaciones se benefician claramente de la subida del SMI y de la mejora, en general, de las bases de cotización. Todo ello repercute en la buena salud de nuestro sistema público».
Las reformas han incluido también un incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas y la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. Además, se han reforzado los ingresos con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ya alimenta un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que está previsto que termine la legislatura con 31.000 millones de euros.
Más y mejores formas de jubilarse
Por otro lado, han aumentado las posibilidades para los trabajadores que quieren retrasar voluntariamente su retiro del mercado laboral y para los pensionistas que quieren compatibilizar su pensión con un trabajo. «Trabajar más allá de la edad de jubilación se premia. Es bueno para el trabajador, que al final tendrá una pensión mayor o una cantidad a tanto alzado, y es bueno para el sistema».
Como resultado, en febrero de 2025, el 11,3% de las nuevas altas de jubilación han sido demoradas, frente al 4,8% que representaban en 2019.
«Son decisiones individuales propiciadas por los nuevos incentivos y por las nuevas circunstancias laborales. Se ha reducido el porcentaje de las pensiones de jubilación que se anticipan más de un año, del 73% en 2021 al 61% en 2024. Además, mientras que casi el 46% anticipaba el máximo de 24 meses, sólo un 16% lo hace ahora. De las nuevas altas, en este periodo las pensiones anticipadas se han reducido un 4,5%. De esta forma, la edad real de jubilación supera los 65 años por primera vez», explica Elma Saiz.
A partir del 1 de abril, además, entran en vigor nuevas mejoras en las modalidades de jubilación activa, parcial y demorada. «Se trata de medidas que facilitan a los trabajadores que el tránsito hacia su jubilación tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones y situaciones de cada uno de ellos».