El Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), creado hace un año por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha evitado en este tiempo 1.408 juicios en los tribunales penales andaluces, la mayoría por delitos leves de lesiones, amenazas y pequeños hurtos. Los profesionales mediadores de este servicio, público y gratuito, han logrado que las partes llegaran a un acuerdo sobre una solución consensuada al conflicto en 1.037 casos y renunciaran a emprender acciones legales en otros 371.
El SEMPA comenzó a funcionar el 2 de mayo de 2024 en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla y el 2 de septiembre en Córdoba, Málaga y Cádiz. Se encuentra en las principales sedes judiciales de las ocho capitales y cuenta con un equipo de tres profesionales (un jurista, un criminólogo y un psicólogo) en cada provincia con formación especializada en mediación.
Esta vía alternativa para resolver conflictos mediante el diálogo y el acuerdo y reducir la litigiosidad había sido poco explorada en Andalucía, a diferencia de otros países europeos o comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña. El Gobierno de Juanma Moreno apostó por impulsarla mucho antes de que el Ministerio de Justicia incluyera en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia la obligatoriedad de acudir a los medios alternativos de resolución de controversias (MASC) como requisito previo a la demanda.
Para ello, en el marco del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, se ha diseñado una Estrategia de Mediación con medidas pioneras como la inclusión de estos procesos en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que, desde el 1 de enero de 2024, los andaluces pueden solicitar un abogado de oficio para que les asesore en procedimientos de mediación; la colaboración con los Colegios de Graduados Sociales para que profesionales voluntarios actúen como mediadores en pleitos laborales; la creación de un Registro andaluz de mediadores y entidades de mediación y de un Consejo Asesor de Mediación, y la puesta en marcha del SEMPA.
Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, «el balance del primer año del SEMPA es muy satisfactorio, especialmente en algunas provincias como Almería o Granada gracias a la implicación de los jueces, fiscales y demás operadores jurídicos». De hecho, ha sido reconocido por la Asociación Española de Mediación (Asemed) con el I Premio Internacional de Justicia Restaurativa Manuel Abad, en la categoría al Mejor Programa de Justicia Restaurativa.
En total, en este tiempo los juzgados penales andaluces han derivado al SEMPA 3.374 casos y el servicio ha atendido a 6.706 personas (3.355 víctimas y 3.352 denunciados). A fecha de 30 de abril, se habían tramitado 2.901 asuntos (473 están pendientes).
De los 2.901 asuntos tramitados, se ha podido realizar la mediación en 1.606 (55,36%), con un 88% de éxito (1.408 acuerdos o renuncia a acciones legales). Los expedientes en los que no se ha llegado a iniciar la mediación es por la negativa de las partes a intentar esta vía (544) pero, en mayor medida, por la imposibilidad de contactar con alguno de los implicados (751) debido a que hay expedientes derivados en los que no aparecen teléfonos ni direcciones o los datos incluidos en éstos resultan ser falsos, por ejemplo, en delitos de estafa.
Acuerdos en un plazo medio de un mes
Con todo, Nieto ha defendido la mediación como una vía «más ágil y satisfactoria para las partes, ya que el 84% de los acuerdos se cerraron en menos de un mes, cuando en los juzgados estos casos hubieran durado uno o dos años. Además, la solución es consensuada entre las partes, no viene impuesta por un tercero que es el juez». «Se priman mucho las medidas de carácter psicológico: el perdón del agresor, la compensación de los daños que se hayan podido producir, e incluso en muchos casos la multa se ha convertido en una donación a una ONG», ha detallado.
Al SEMPA se pueden derivar todo tipo de delitos a excepción de los de violencia de género y sexual, para los que esta fórmula está vetada por ley. El 94% de los asuntos derivados son delitos leves, y los más habituales son los de amenazas, seguidos de los de lesiones y hurtos.
El consejero de Justicia ha destacado que «el cambio de la cultura del pleito por la del diálogo requiere tiempo y una apuesta desde la Administración pública, pero también la colaboración de todos los profesionales del ámbito de la Justicia ya que, a la larga, les beneficiará al reducir la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados y permitir que puedan dedicarse a conflictos complejos que requieren una formación especializada para la interpretación y aplicación del Derecho». Con todo, «los pasos que estamos dando ya han permitido que Andalucía haya pasado de ser la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad en 2023 a la cuarta en 2024, aunque sigue por encima de la media nacional».
La creación del SEMPA ha supuesto en este primer año una inversión de 1.123.043,60 euros para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales, adjudicados a entidades con experiencia en la materia como Avide (Jaén y Granada), Imeris (Córdoba) Vicfam (Almería), Atenin (Huelva), Enlace (Cádiz), Solucion@ (Málaga) y Hacan (Sevilla).