Las tensiones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en EE.UU., vuelven a incrementarse, esta vez por la política de segregación antinmigrante y la campaña xenófoba que promueve el odio y la deshumanización de ciudadanos venezolanos por parte de las autoridades estadounidenses.
Tales acciones discriminatorias se evidencian directamente en el «secuestro» de una niña venezolana de apenas dos años de edad que ha sido separada por la fuerza de sus padres, quienes fueron detenidos en EE.UU., país al que habían inmigrado recientemente y terminaron expulsados de ese país norteamericano tras ser tachados ―sin pruebas― de ser supuestos delincuentes y terroristas.
La historia de la niña Maikelys Antonella Espinoza Bernal, fue descubierta el pasado viernes tras la llegada de casi 200 venezolanos deportados desde EE.UU. a Caracas, cuando su madre, Yorelis Bernal, que fue una de las deportadas en ese vuelo, denunció que las autoridades estadounidenses le arrebataron a la niña justo cuando ella iba a abordar la aeronave, acción que fue calificada por el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como un caso «aberrante» y «criminal» que causa «indignación» y «mucha rabia», porque se traduce en un «secuestro» perpetrado en flagrancia por la administración Trump.
Además, la menor fue separada primero de su padre, Maiker Espinoza, cuando este fue detenido y enviado a El Salvador a través del convenio carcelario pactado entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el gobierno de Trump, que ―a cambio de dinero― le garantiza a Washington la recepción en una prisión de máxima seguridad, de centenares de supuestos «criminales» y «terroristas», a pesar que en su mayoría eran solo migrantes sin antecedentes capturados en redadas en EE.UU., caso por el que Caracas también ha efectuado reiteradas denuncias y ha exigido la repatriación de sus 252 connacionales afectados y «torturados» en ese país centroamericano.
Este lunes, el canciller Yván Gil publicó un comunicado en el que Venezuela denuncia ante el mundo el «secuestro» de la menor «por parte de las autoridades estadounidenses». En ese sentido, Caracas señaló que este caso se une a otras «tantas violaciones» a los derechos de los migrantes y se da «en contravención de la las normas internacionales»; «muy especialmente de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Carta de las Naciones Unidas».
Además, Venezuela alega que EE.UU. incurre «nuevamente en el gravísimo expediente de separar familias y de sustraer a un menor de edad de su entorno afectivo y especialmente de su madre biológica», situación «inaceptable» que además se une a la de su padre, quien fue «secuestrado y enviado, sin ninguna fórmula de juicio ni que medie acción de tribunal alguno, al campo de concentración que el sátrapa de Bukele erigió en El Salvador, en una moderna representación de los trenes de la muerte que llevaban judíos a los campos de exterminio nazi del Este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial».
Mientras el gobierno de Bukele grababa a los venezolanos humillándolos, se escucha a Maiker decirle a sus custodios que se encuentra mal de salud y se le ve desplomarse en el suelo. pic.twitter.com/LysOF8DbCr
— laChiqui (@Chiqui_new) April 1, 2025
«Crímenes de lesa humanidad»
La Cancillería venezolana informó que «recurrirá a todos los mecanismos legales, políticos, diplomáticos y de acciones multilaterales», para hacer respetar «la sagrada integridad» de las familias venezolanas y que «se cumplan las leyes internacionales».
Venezuela exige que la niña «sea devuelta sana y salva» y de forma «inmediata» a su país, para que pueda reencontrarse con su madre y familia, «de la que nunca debió ser separada en una clara acción de violencia extrema que es absolutamente inaceptable e impensable», mientras se viola el Estado de derecho internacional.
«Que se restituya el Estado de derecho y las prerrogativas elementales de la niña, como establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño», añadió el Gobierno de Maduro, que además calificó que estas acciones de EE.UU. son una «práctica deleznable», que incluye el sometimiento de «seres humanos a tratos indignos y crueles», como es la separación de familias y el envío de «ciudadanos venezolanos a campos de concentración en terceros países de gobiernos cómplices y lacayos».