El Gobierno de Asturias constituirá ocho grupos de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, autonómicos y municipales – uno por cada una de las ocho áreas sociosanitaria de la comunidad- con la finalidad de promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, especialmente menores de 30 años, inmigrantes y perceptoras del salario social básico.
Esta nueva medida se incluye en el convenio de colaboración 2025-2027 suscrito hoy entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y el organismo autónomo ERA, en cuya presentación han participado la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas; la directora gerente del Sepepa, Begoña López; la gerente del ERA, Nerea Monroy, y la directora general Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez.
Cada equipo estará integrado por los directores de las oficinas de empleo del área de servicios sociales correspondiente, dos representantes de la Consejería de Derechos Sociales y dos por parte de los servicios sociales municipales. Entre sus funciones principales destaca la detección e identificación de acciones formativas, programas de inclusión y acompañamiento u ofertas de empleo promovidas desde cualquier ámbito laboral o social, así como el apoyo para el desarrollo de proyectos o iniciativas públicas o privadas que persigan la inclusión laboral.
“En definitiva, se persigue que los equipos sean los ojos y los brazos de la coordinación sociolaboral con el territorio, en clara vinculación con la Ley de Impulso Demográfico”, ha señalado la consejera Marta del Arco.
En una primera fase, los esfuerzos se centrarán en las 512 personas beneficiarias del salario social que son menores de 30 años o provienen de países extracomunitarios, a las que se les ofrecerá participar en los itinerarios de inclusión social y laboral Insertastur, que ha puesto en marcha recientemente el Sepepa para personas con especiales dificultades para acceder a un empleo.
Otro de los objetivos que persigue el nuevo convenio, el tercero de estas características que se firma en Asturias desde 2017, es impartir formación para el empleo en el sector de cuidados de larga duración en los centros públicos para personas mayores dependientes del ERA. Esta iniciativa está ligada al incremento de personas en situación de dependencia y a la búsqueda de profesionales, sobre todo en el medio rural. “En 2024 los expedientes de dependencia han superado los 51.000”, ha explicado Del Arco.
La titular de Derechos Sociales ha valorado “la sólida coordinación social y laboral del Gobierno de Asturias”, que se articula a través de los convenios de colaboración entre la consejería y el Sepepa. Algunas de las iniciativas desarrolladas en los últimos años para la búsqueda de empleo a personas beneficiarias del salario social son los proyectos de especial interés que se pusieron en marcha con la colaboración de diversas empresas, que llegaron a cerca de 750 personas y propiciaron que 300 recibiesen formación o accediesen a un empleo.
También se impulsaron iniciativas innovadoras financiadas con cargo a fondos europeos, como el programa ConectAS, para la inclusión social digital, que obtuvo 5,7 millones de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y llegó a 1.654 personas perceptoras de rentas mínimas.
Además, el proyecto Itinerarios de inclusión social y laboral, dotado con 5,4 millones, propició que 560 personas encontrasen empleo, mientras que el Xeitu, con 1,2 millones y 500 participantes, ha sido clave para testar el funcionamiento de los equipos de coordinación que ahora se ponen en marcha.