Adrián Barbón ha apremiado hoy a alcanzar un pacto de Estado que asegure la salud y la seguridad en el trabajo. El jefe del gobierno ha vuelto sobre la propuesta que lanzó en la última conferencia de presidentes, celebrada en Cantabria: la colaboración de instituciones, organizaciones sociales y administraciones para poner freno a los accidentes laborales. “Nadie puede perder la vida en el trabajo”, ha afirmado.
Barbón hizo estas reflexiones en la inauguración de las Jornadas de Fiscales Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebran en Oviedo. Después de haber recordado los recientes accidentes de Coaña –tres muertos al derrumbarse el tejado de una nave ganadera- y Cerredo –cinco fallecidos en un siniestro minero, el caso Blue Solving-, ha urgido a tomar medidas cuanto antes.
“Algo se está haciendo mal y estamos obligados a reaccionar”, ha afirmado. “Para el Gobierno de Asturias, una comunidad con una larga tradición industrial, que ha vivido auténticas tragedias laborales, nos encontramos ante un asunto capital. Quizá por eso tengamos una sensibilidad especial ante este tipo de acontecimientos y cada accidente nos revuelve las entrañas”.
De hecho, el Ejecutivo autonómico ya ha puesto en marcha un plan de choque, de acuerdo con la Delegación del Gobierno y la participación de la inspección de trabajo y del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Fruto de esas actuaciones, las propuestas de sanción a las empresas y los expedientes por incumplimiento de la ley han aumentado más de un 30%. De igual manera, ya se ha actuado sobre un centenar de compañías con alta siniestralidad.
Las jornadas han contado con la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha intervenido por videoconferencia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro; el fiscal superior en funciones del Principado, Gabriel Bernal; el fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz; y el decano de la Facultad de Derecho, Jesús Fernández Teruelo.
*Con audios del Presidente del Principado, Adrián Barbón
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ADRIÁN BARBÓN
Inauguración de las Jornadas de Fiscales Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo
Enhorabuena a la Fiscalía General del Estado, la Universidad de Oviedo y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales por poner el foco en un asunto esencial. Me habrán escuchado decir que nadie puede perder la vida en el trabajo. Lo reitero. Ese debe ser nuestro objetivo conjunto. Me atrevo a decir que podría servir de lema para estas jornadas. Por desgracia, sobran las razones para que lo tengamos presente.
Ahora mismo pienso en los tres trabajadores fallecidos en la ampliación de una ganadería en Coaña, los cinco muertos del caso Blue Solving (el accidente minero de Zarréu), y en todas las demás personas que han perdido la vida en su trabajo. Hagamos un alto y echemos el freno: no podemos seguir así. A veces da la impresión de que en nuestro siglo XXI asistimos a sucesos propios de otras épocas, cuando los derechos de las personas trabajadoras apenas eran un anhelo. Frenar la siniestralidad laboral ha de ser un clamor social. Hablo de clamor social porque nadie debe sentirse ajeno.
Nadie, y menos las instituciones, las administraciones, los distintos poderes con responsabilidades en esta tarea. Acabo de referirme a Asturias, pero si repasamos los datos observaremos que las estadísticas nacionales de siniestrabilidad reflejan una tendencia ascendente desde 2013. Algo se está haciendo mal y estamos obligados a reaccionar. Para el Principado de Asturias, una comunidad con una larga tradición industrial, que ha vivido auténticas tragedias laborales, nos encontramos ante un asunto capital.
Quizá por eso tengamos una sensibilidad especial ante este este tipo de acontecimientos y cada accidente nos revuelve las entrañas. En la última Conferencia de Presidentes, la celebrada en Cantabria, defendimos la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la seguridad y la salud en el trabajo. A mi pesar, reconozco que con menos eco del esperado, por lo que aprovecho este foro para insistir, para que todo el mundo se dé por aludido: necesitamos ya, cuanto antes, un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral. Mientras, nosotros no vamos a quedarnos quietos.
Conscientes de esta necesidad, el Gobierno de Asturias y la Delegación del Gobierno pusimos en marcha el año pasado un plan de choque apoyado en cuatro pilares:
- El refuerzo de los recursos humanos.
- Una campaña conjunta de control en las empresas.
- La revisión de las acreditaciones de los servicios de prevención ajenos.
- El análisis de patrones concretos que motivan accidentes laborales.
Ese proyecto ya ha dado algunos frutos. Por ejemplo:
- Las propuestas de sanción a empresas y los expedientes por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales han aumentado más de un 30%.
- Hemos detectado más de mil partes de accidentes mal comunicados entre octubre de 2024 y marzo de este año.
- Y hemos actuado sobre un centenar de compañías con alta siniestralidad. Estos resultados iniciales demuestran que las medidas impulsadas son eficaces, pero no bastan para conformamos.
Es imprescindible seguir avanzando para que el trabajo no cueste vidas. El instrumento más útil con el que contamos en el Principado para avanzar en ese camino es el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que precisamente celebra su vigésimo aniversario. Es un organismo que organismo atesora veinte años de experiencia en el refuerzo de la seguridad y la salud de las personas en sus puestos de trabajo.
Dos décadas en las que ha identificado buenas prácticas, protocolos eficaces y nuevas vías para seguir mejorando. El instituto facilita la unidad de acción de la Administración, los agentes sociales y la patronal, una triple alianza esencial para fomentar una cultura preventiva sólida y poner freno a los accidentes. Su labor es crucial para Asturias y para toda la fuerza de trabajo de esta comunidad. Ustedes también son imprescindibles.
Estas jornadas tienen que servir para varias cuestiones. Una de ellas es dar a conocer su labor, hacerles llegar a todos los trabajadores y trabajadoras que la fiscalía no es una institución ajena y lejana, sino un engranaje básico de nuestro Estado de derecho que también se encarga de velar por algo tan esencial como la seguridad y salud en el trabajo.
Hagámonos una pregunta sencilla: de qué Estado de derecho hablaríamos, de qué sistema democrático de calidad podríamos hablar en pleno siglo XXI si no implicásemos decididamente a la fiscalía en la protección de la seguridad y la salud laboral.
Si de mí dependiera, quisiera que saliesen de estas jornadas aún más convencidos de la relevancia de su labor. Podemos hablar de compartir experiencias, de debatir sobre las prácticas preventivas más eficaces, de ahondar en la formación e incluso de aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la prevención de riesgos. Pero, sobre todo, quiero que todos y todas salgan convencidos de que su tarea es insustituible para el fin que compartimos: que nadie pierda la salud ni la vida en su trabajo.
Muchas gracias por haber elegido Asturias para celebrar estas jornadas.