El Grupo Parlamentario Popular registra el plan de trabajo de la ponencia de estudio para evaluar la importancia de la inteligencia artificial en el uso de datos y en otros campos beneficiosos para la sociedad con el objetivo de garantizar la seguridad del usuario en el entorno tecnológico.
Según el viceportavoz de Transformación Digital, Javier Márquez, “tenemos la obligación de entender la tecnología sin llegar a ser ingenieros y dar el primer paso de los muchos que darán generaciones futuras”.
Por ello, el senador destaca la importancia del paso dado por su Grupo para impulsar esta ponencia de estudio, donde se hará hincapié en el control de la neurovigilancia, la neurotecnología y los neuroderechos.
“Nadie debe saber lo que cada uno piensa”, dice e incide en que “tampoco podemos dejar que cierta información sensible se convierta en un arma en el ámbito laboral”.
El plan de trabajo registrado por los populares se sustenta en varios ejes, entre los que destaca las aplicaciones de la IA y cómo repercute en la educación y formación; salud, biotecnología y bioinformática; transición ecológica; y economía de empresa.
Por otro lado, la ponencia de estudio se adentrará en cómo afecta la IA a la ética y los derechos humanos, así como explorar las perspectivas de cara al futuro y el uso de las nuevas tecnologías, como la robótica avanzada, Blockchain o la superinteligencia, entre otros.
CONTARÁN CON RAFAEL YUSTE, REFERENTE EN LOS NEURODERECHOS
Para abordar todos estos temas, la ponencia de estudio contará con las comparecencias de una docena de expertos con diferentes perfiles (científicos, profesores o ingenieros) para que aporten su experiencia.
Entre ellos, destaca la presencia de Rafael Yuste, médico y neurobiólogo de formación. Catedrático de Ciencias Biológicas y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia. Yuste es el impulsor la iniciativa BRAIN, un proyecto que intenta desvelar los misterios del cerebro fabricando nuevas herramientas de neurotecnología. En la actualidad es también el presidente de la Fundación Neuroderechos (NeuroRights), que lucha por proteger la actividad cerebral de las personas como un nuevo derecho humano.
A lo largo de la ponencia de estudio el GPP también propone a Miguel Ángel Domínguez (presidente de Alastraia), Rafael Ocejo (Instituto Superior para el Desarrollo del internet y especialista en cuántica), Rodrigo Miranda (director ISDI), Juan Gómez (catedrático de Robótica en la Universidad de Jaén), Borja Adsuara (doctor en Derecho), Salvador Capella-Gutiérrez (lidera el Nodo de Coordinación de Bioinformática Nacional (INB) de España en el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC), Víctor Calvo-Sotelo (ingeniero de Caminos), y representantes de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
“El objetivo es promover la comprensión y desarrollo ético de la Inteligencia Artificial y explorar las posibles tecnologías emergentes, que garanticen siempre la seguridad del usuario y con especial énfasis en la protección de los menores en un entorno tecnológico en constante evolución”, concluye Javier Márquez.