La portavoz del GPP, Alicia García, afirma que “la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y sus ministros ha dejado en el ‘limbo sanitario’ a 1,5 millones de personas y sus familias en algo tan serio como la cobertura y asistencia sanitaria”
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, pide la comparecencia urgente del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para “informar y explicar la situación que está atravesando MUFACE y las graves consecuencias que está suponiendo para los más del millón y medio de mutualistas y sus familias, así como, de las medidas que se van a adoptar para resolver esta situación”.
Del mismo modo, el GPP pide en su escrito la “habilitación del mes de enero para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Función Pública”, y propone como fecha de celebración de la misma, el 31 de enero.
Alicia García asegura que “la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y sus ministros ha dejado en el ‘limbo sanitario’ a 1,5 millones de personas y sus familias en algo tan serio como la cobertura y asistencia sanitaria”.
La portavoz popular recalca que es “urgente que López comparezca en enero”; por eso, al tratarse de un mes inhábil en las Cámara, “el PP pide su habilitación, para que dé explicaciones y respuestas a las personas que no pueden esperar, algunas en tratamiento médico o incluso oncológico, haciendo sufrir lo insufrible a muchos españoles”.
La portavoz del PP señala directamente a Sánchez, “al que ni está ni se le espera para hacer frente a los problemas reales de los españoles, preocupado sólo por salvar a su mujer y su entorno más cercano de los casos de corrupción que los acorralan”.
Apunta también como responsable directo “de esta irresponsabilidad” al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, “quien utiliza el Ministerio para su campaña promocional en la Comunidad de Madrid, en vez de gestionar la crisis de MUFACE, que provoca la incertidumbre y preocupación de millones de familias”.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado exigirá igualmente al Gobierno, a través de una moción que registrará en el Senado, que amplíe el plazo de elección de asistencia sanitaria de los funcionarios hasta el 31 de marzo, ya que sólo lo tienen hasta el 31 de enero.
“La incertidumbre que está generando el Gobierno podría arrastrar a muchos empleados públicos a solicitar el cambio al sistema público por miedo a quedar desatendidos”, tras lo que asegura que “el Gobierno debe dar certidumbre y certezas, no arrastrar a los mutualistas a una elección impuesta por la dejadez en la gestión”, apunta.
Alicia García tampoco olvida el papel de la ministra de Sanidad, Mónica García. “Aunque no es su competencia directa, la ministra hizo público un informe en el que se diseñaba la destrucción de MUFACE, porque acabar con este modelo, que aporta equilibrio al sistema sanitario, figuraba en el programa electoral de Sumar y es uno de los objetivos de Mónica García”, afirma con rotundidad la portavoz del GPP.
COLAPSO Y DESEQUILIBRIO DE LA SANIDAD
Por otra parte, la portavoz de los populares en el Senado mantuvo ayer una reunión de trabajo con representantes de la plataforma de funcionarios Salvemos Muface, donde se analizaron los hitos y consecuencias de la desaparición de MUFACE. También participaron la portavoz adjunta, Inmaculada Hernández, así como el presidente de la Comisión de Función Pública, Javier Campoy.
Al respecto, Alicia García advierte que “la principal consecuencia de la desaparición de MUFACE sería el colapso sanitario para las CCAA, al asumir de golpe a más de un millón y medio de funcionarios mutualistas y sus familiares”.
Así, García asevera que “lo que está en juego no es sólo el futuro de la asistencia sanitaria de los trabajadores públicos y sus familias, sino también el equilibrio del sistema público, que ya enfrenta importantes desafíos de saturación y falta de recursos”.
La portavoz del PP en la Cámara Alta destaca, además, que “la posible desaparición de MUFACE afecta a todo el territorio, a todos los españoles, pero se ceba con determinadas comunidades autónomas”. Explica que las comunidades más afectadas serían Castilla y León, Extremadura y Andalucía – que verían engrosadas sus carteras de pacientes en torno al 3% y con un elevado número de personas mayores de 65 años -; así como Ceuta y Melilla, que tendrían que asumir el 5%.
Concluye destacando la labor de escucha y diálogo del Partido Popular, que viene manteniendo reuniones a todos los niveles con afectados y sindicatos para conocer de primera mano su situación real.