El Partido Popular presenta en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno realice un inventario estatal de recursos minerales fundamentales y estratégicos para la transición ecológica, actualice de “manera urgente” el mapa geológico español y establezca un marco de colaboración público-privado que incentive la inversión en nuevos yacimientos
Recuerda que la Comisión Europea publicó el pasado 25 de marzo la localización de 47 proyectos estratégicos, distribuidos en 13 estados miembros con una inversión global prevista de 22.500 millones de euros, y siete proyectos mineros están en España: Aguablanca (Monesterio, Badajoz) Las Navas (Cáceres), P6 Metals (Almoharín, Cáceres), El Moto (Abenójar, Ciudad Real), Cobre Las Cruces (Gerena Sevilla) y Mina Doade (Doade-Beariz, Ourense). El plan también contempla la puesta en marcha de una planta de reciclaje de metales en la provincia de Huelva.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, denuncia que el Gobierno “ya llega tarde” en la creación del plan solicitado por la UE, lo que “pone en riesgo” la ejecución de los proyectos y la competitividad de España que debería consolidarse como un exportador relevante y reforzar la autonomía energética
Afirma que en España urge “un cambio de rumbo” en su política energética que posibilite conocer las reservas de materias primas fundamentales, reforzar la autonomía y la competitividad de las empresas y prolongar la vida útil de las nucleares para no depender aún más de un gas y de un petróleo que no tenemos.
El sector de las materias primas minerales en España cuenta con 3.800 empresas, 322.000 empleos y 27.500 millones de euros de facturación: “En el contexto geopolítico mundial, los minerales juegan un papel fundamental y es mucho lo que nos jugamos”
La PNL solicita al Gobierno que facilite, con carácter prioritario, el desarrollo de los seis proyectos identificados como prioritarios por la Comisión Europea en España, con el establecimiento de un marco jurídico único que incluya la simplificación de los trámites administrativos y la reducción de los plazos de autorización exigidos por la Comisión Europea
También se exige la derogación de la normativa de 2021 en lo relativo a la prohibición de la explotación, investigación, explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales radioactivos.
Por último, Martín demanda que los mismos principios que rigen para el despliegue de parques eólicos y solares, deben hacerse extensivos a la minería: “La situación nos exige firmeza, responsabilidad, garantías y, por descontado, diálogo con las comunidades locales”